NEUQUÉN (ED) — Los defensores del Pueblo reclamaron por ampliar el registro de beneficiarios de la tarifa social de gas y un régimen específico para entidades de bien público y para micro, pequeñas y medianas empresas.
Lo hicieron ayer durante una reunión que mantuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la gerencia de Regulación y Gestión Comercial del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En la ocasión, los funcionarios nacionales informaron que el valor del gas en boca de pozo (BTU) se fijará en subasta pública este 14 y 15 de febrero. Acotaron que excepto que exista algo extraño, el valor que surja de la subasta irá a las tarifas.
Al respecto, los defensores del Pueblo señalaron que la nueva posición del ente no debe significar un retiro del Estado en la composición de la tarifa, puesto que el gas en boca de pozo tiene una incidencia del orden del 40% en la facturación total y ese precio al fijarse por subasta pública corre por las leyes del mercado de oferta y demanda.
Reiteraron que el acceso a servicios públicos esenciales de energía es un derecho básico para la efectiva realización de derechos humanos.
Insistieron en ampliar el acceso a la tarifa social del servicio de gas para abarcar a todos los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, reclamaron atención especial a la crítica situación de las pequeñas y medianas empresas y las entidades der bien público y clubes de barrio que en la actualidad padecen dificultades para afrontar las tarifas desmesuradas.
En representación de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), María América González –adjunta de la CABA- junto a pares de otras jurisdicciones fueron recibidos por el titular del ente, Mauricio Roitman y el gerente, Néstor Touzet.
