BUENOS AIRES (NA) — La fiscal Verónica Zamboni solicitó ayer que los ocho rugbiers detenidos sean imputados como coautores materiales del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell, mientras que pidió que los dos que ya fueron liberados, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, sigan siendo considerados partícipes necesarios.
La calificación que les cae a los acusados es “homicidio doblemente agravado por su comisión de alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, cuya pena es la prisión perpetua.
Según la fiscal, la noche de la brutal golpiza, los rugbiers “se abalanzaron sobre Fernando Báez Sosa aprovechando que se encontraba de espaldas e indefenso y actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica y física existente”.
“Comenzaron a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo, lo cual provocó que la víctima cayera primero arrodillada y luego al piso inconsciente”, agregó.
Para Zamboni, el ataque fue “con el fin de darle muerte y cumplir lo pactado” porque le pegaron “varias patadas en el suelo en su rostro y cabeza, causándole lesiones corporales internas y externas, que le provocaron su deceso de forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a traumatismo grave de cráneo”.
“Los sujetos activos se dieron a la fuga del lugar para lograr su impunidad, siendo aprehendidos por personal de la Seccional Primera Villa Gesell en las inmediaciones durante el relevamiento vecinal”, cierra.
El viernes pasado, el juez David Mancinelli había ratificado el pedido de Zamboni y procesó con prisión preventiva a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Ayrton Viollaz, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Blas Cinalli y Matías Benicelli, los dos primeros como coautores y los restantes como partícipes necesarios del homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía.
Por su parte, el abogado de los acusados, Hugo Tomei, aseguró que “los chicos no saben por qué están privados de su libertad” y sostuvo que “desde el Estado se les está imputando un delito o una calificación legal que le puede quitar la libertad”.
El próximo miércoles, la fiscal indagará a los ocho detenidos y se espera que a fin de mes estén los resultados del peritaje scopométrico para determinar quién dejó su pisada en el rostro y el mentón de la víctima.