BUENOS AIRES (NA) — El jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, ratificó hoy su postura en contra del aborto, decisión que considera “comparable con la pena de muerte”, y de esa manera se expresó en rebeldía respecto a la posición pública del presidente Alberto Fernández.
El formoseño ya había votado en contra en 2017, pero el hecho de que en esta oportunidad sea el propio Gobierno, del mismo color político, el que impulsa el proyecto, permitía pensar en la posibilidad de un cambio de postura.
Sin embargo, Mayans se encargó de disipar cualquier duda al respecto: “Mi postura sigue siendo la misma en el sentido de que la Constitución y los tratados internacionales que tenemos como los Derechos del Niño son provida y crean obligaciones en ese sentido. Yo voy a votar a favor de la Constitución y de la vida”, afirmó en declaraciones a radio Futurock.
Para el senador peronista, si el Gobierno de Alberto Fernández fuera “en contra de la vida desde la concepción”, entonces estaría “violando la Constitución”.
“Si el Poder Ejecutivo va en contra de la vida desde la concepción, creo que viola la Constitución. Matar a una persona es un crimen. La visión que yo tengo es la vida a partir de la concepción”, explicó.
Según dijo, con la legalización del aborto, “el Estado estaría autorizando a matar a una persona”, por lo que sería “comparable con la pena de muerte”.
El titular de la bancada oficialista reconoció que hay mujeres que fallecen a causa del aborto clandestino, pero indicó que es “la causal de muerte número 77”, por lo que pidió concentrar los recursos públicos para atender otros problemas de salud.
“Hay más mujeres que se mueren por otras causas, y la prioridad tiene que estar en eso. Los hospitales públicos no están en condiciones de hacerlo, por la situación económica en que está el país. El Gobierno de Macri destruyó todo lo que es salud pública”, consideró.
Sobre el accionar de los grupos que están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, adelantó que no se detendrá en caso de que eventualmente la ley sea sancionada en ambas Cámaras, ya que allí se podría abrir una instancia de judicialización.
“Una vez que esté aprobado, dependerá de si quieran accionar judicialmente respecto a la visión que tiene la Constitución y los tratados internacionales”, advirtió.
