NEUQUÉN (ED) — En el marco de una reunión realizada ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, junto al vocal del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia y al defensor general Ricardo Cancela, por el proyecto de extensión de los plazos legales de prisión preventiva durante la emergencia sanitaria, el diputado provincial por el MPN, Maximiliano Caparroz, expresó hoy que la comisión aún no ha tomado una posición.
Caparroz, en comunicación con LU5, manifestó que hasta el momento los diputados permanecen en un período de consultas ya que aún hay dudas sobre el proyecto presentado por el ministerio Público Fiscal. El bloque aún no ha expedido posiciones y la comisión aún no ha debatido, ya que primero deberán escuchar a todos los invitados convocados. La semana que viene recibirán a especialistas de procesamiento penal, del Colegio de Abogados y una asociación de de abogados de víctimas.
Además, explicó que el proyecto de prolongación de prisiones preventivas es provisorio, con un año de aplicación propuesto por el fiscal general José Gerez. La ley actuaría en casos de crímenes graves y, según Gerez, es urgente dado que en julio vencen las prisiones domiciliarias de algunos casos importantes de la región. Caparroz, por su parte, explicó que si bien no cree que deban “dejarse llevar” por los plazos de la Justicia, también es consciente de la inexorable responsabilidad de los diputados en brindar —o no— tales herramientas.
En relación al proyecto, Busamia consideró ayer que “no es prudente que el Tribunal se pronuncie” y acotó que se trata de una iniciativa que intenta fijar una regla sobre plazos y “esta una cuestión para litigar en audiencias”. También afirmó que el Poder Judicial “no es un poder que se ha paralizado, ha cerrado la puerta y se ha ido a su casa sin preocuparse por la gestión de los asuntos que tenemos la obligación de atender” y enumeró todas las medidas adoptadas por el Tribunal durante el aislamiento social.
Por su parte, Cancela afirmó que el proyecto del fiscal general Gerez es “nulo y oportunista”, ya que “desde que la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos determinan que toda persona incursa en un proceso tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable” y agregó que “ser garantista es cumplir con la Constitución. Y eso es una obligación en un Estado de Derecho. Esas garantías son para mí, para ustedes y para toda la sociedad”.
