BUENOS AIRES (NA) — Este viernes se cumplen 2000 días del trágico final del ex fiscal Alberto Nisman, una muerte que generó conmoción en el sistema político y judicial argentino y que sigue envuelta bajo un halo de misterio, con distintas hipótesis sobre quién disparó la bala que acabó con su vida.
El cuerpo sin vida fue hallado por su madre Sara Garfinkel, en la noche del 18 de enero de 2015 en el baño del departamento de Puerto Madero donde vivía el fiscal, unas horas después de que se produjera su fallecimiento.
La muerte se produjo el día anterior a la presentación que tenía prevista ante el Congreso nacional para fundamentar su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner, contra su canciller Héctor Timerman y otros funcionarios del kirchnerismo por haber promovido una trama de supuesto encubrimiento a los acusados iraníes de perpetrar el atentando a la sede de la AMIA en 1994, mediante la firma de un tratado de Entendimiento con la República Islámica de Irán.
La denuncia de Nisman se basaba en un supuesto pacto secreto con Irán que habría incluido, además de un intercambio comercial de granos argentinos por petróleo, el pedido del Gobierno argentino a Interpol para que cesara las alertas rojas contra los acusados iraníes, y así garantizar su impunidad.
El 15 de enero del 2015, Timerman difundió un correo electrónico que la semana anterior le había enviado el entonces secretario general de Interpol, Ronald Noble, en el que el funcionario de nacionalidad estadounidense desmentía “categóricamente” lo afirmado por Nisman, al calificarlo de “falso”, y señalaba que por el contrario, la postura del Gobierno argentino era la de mantener vigentes las notificaciones rojas.
El sábado 17 de enero, el día anterior a su muerte, Nisman recibió 40 llamadas telefónicas de las entonces diputadas nacionales del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, que son las que habían cursado la invitación al fiscal al Congreso para que profundizara el contenido de su denuncia.
Esa misma tarde, según constató la investigación, Nisman recibió de manos de su colaborador informático, Diego Lagomarsino, con quien compartía una cuenta bancaria en Estados Unidos, la pistola con la que se efectuó el disparo mortal en la cabeza.
El técnico explicaría luego que Nisman no confiaba en su custodia de seguridad, y que por eso le había pedido el arma.
A partir del momento del hallazgo del cadáver, que generó movimientos sísmicos en la opinión pública, se abrieron varias hipótesis, que se resumieron básicamente en la teoría del suicidio (ya sea voluntario o inducido) y la del asesinato político, sostenido entre otros por la ex mujer Sandra Arroyo Salgado.
Inicialmente el hecho fue investigado como “muerte dudosa”, aunque la fiscal Viviana Fein informó que el disparo había sido efectuado “a una distancia no mayor a un centímetro”, lo cual la acercaba a la pista del suicidio.
El 20 de mayo del 2016 se realizó una pericia por parte del Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal que concluyó que “ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médico- legales del informe técnico elaborado por la querella, en forma individual o en conjunto, indican con certeza pericial médico legal que se haya tratado de un hecho homicida”.
A su vez, dictaminó que “en su muerte no habían participado terceras personas”, pese a que en las manos del cuerpo sin vida de Nisman no habían encontrado restos de pólvora.
El 20 de septiembre de 2016 la causa pasó al fuero federal y quedó a cargo del juez Julián Ercolini, quedando como fiscal Eduardo Taiano.
El fiscal denunció a Fein y al ex secretario de Seguridad Sergio Berni por supuestas irregularidades cometidas en “la escena del crimen”, y le encomendó una nueva pericia a Gendarmería nacional, que dependía del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
Dicha pericia llegó a conclusiones diametralmente opuestas a las del Cuerpo Médico Forense: Gendarmería informó que Nisman había sido drogado con ketamina, golpeado y ejecutado por dos personas en el baño en la madrugada del 18 de enero del 2015.
El 1 de junio de 2018, la Sala II de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires firmó el procesamiento de los agentes a cargo de la custodia de Nisman el día del fallecimiento, con un fallo que afirmaba que el ex fiscal había sido víctima de asesinato como consecuencia directa de la investigación que estaba llevando adelante como titular de la Unidad Fiscal de Investigación sobre el atentado terrorista de 1994.
La Cámara Federal ratificó luego el fallo de primera instancia y ordenó que se investigara la relación entre su muerte y la denuncia que había presentado contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
El 27 de diciembre del año pasado, tras el cambio de Gobierno, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció su intención de revisar el peritaje realizado por la Gendarmería Nacional que concluyó que Nisman fue asesinado.
