NEUQUÉN (ED) — El bloque del Frente de Todos presentó oficialmente su proyecto de ordenanza de “Declaración de Utilidad Pública” en el Concejo Deliberante y, simultáneamente, su “Proyecto de Expropiación para Urbanizar” en la Legislatura, con el objetivo de avanzar en una solución definitiva para la cuestión dominial y en la provisión de gas y otros servicios básicos en Valentina Norte Rural.
Las tierras donde están ubicadas alrededor de mil familias pertenecen a la Sucesión Fava, quienes cobran la servidumbre por explotación gasífera a la empresa Pluspetrol. Ello ha sido una excusa recurrente del Estado para no resolver un problema de larga data, pero el incendio de Valentina Norte donde falleció un niño semanas atrás aceleró los tiempos e hizo más evidente el reclamo de los vecinos: con la cada llegada del invierno, enfrentan el abandono. Sin acceso a la red de gas, con conexiones provisorias de electricidad, en algunos sectores.
“Presentamos esta propuesta a raíz del reclamo de los vecinos que lleva 40 años, como una solución al problema de fondo que deben resolver el Estado provincial y municipal. Es hora de regularizar los servicios reconociendo el derecho al uso del suelo y planificando espacios públicos con participación comunitaria”, sostuvo el concejal Marcelo Zuñiga.
Por su parte, la concejal Ana Servidio agregó que en la zona “hay una verdadera situación de desigualdad, donde la titularidad de la tierra es un elemento central para las familias que viven en Los Hornos”.
En cuanto al proyecto de diputados, la legisladora Salaburu expresó que “la expropiación está prevista en la Constitución Provincial y la Ley 804, de manera que vamos a trabajar con otros bloques para lograr este objetivo”, y Ayelén Gutiérrez remató: “Estamos proponiendo una herramienta que va a solucionar el tema que lleva años sin solución. Los gobiernos, cuando quieren avanzar, lo hacen. No se puede seguir esperando y escuchando promesas”.
Los cuatro funcionarios trabajaron los proyectos en conjunto con los vecinos autoconvocados del barrio y, la semana anterior, participaron de una mesa de trabajo acordada con el Defensor del Pueblo, Ricardo Rivas, donde se resolvió un próximo encuentro para 7 de agosto, contemplando la posibilidad de un amparo judicial.
