En los últimos días nos hemos encontrado con un creciente número de tomas de terrenos en diferentes localidades del conurbano bonaerense.
En primer lugar, resulta imprescindible entender que el derecho a una vivienda digna es un derecho que hoy está fuera del alcance de gran parte de la sociedad.
Y esto no se explica por esta última crisis o por la actual pandemia, sino que tiene una raíz más profunda que hay que buscarla en la propia estructura económica y social de nuestro país.
A su vez, en el medio de esta problemática, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, solo atinó a responder que los responsables de estos hechos eran los movimientos sociales, señalando así, de forma injusta y sin prueba alguna, a la militancia popular.
No hay nada más desacertado e irresponsable que atacar a quienes llevan meses dando una respuesta desde la solidaridad y el compromiso social al avance de la pandemia.
En este sentido, considero necesario recordar lo que ya ha dicho el presidente Alberto Fernández: los movimientos sociales somos parte de la solución y no el problema.
Pensar entonces en medidas represivas o en frases hechas para la televisión no contribuye de ninguna manera a la resolución del problema. Por el contrario, solo generan mayor confusión.
Lo cierto es que la forma en la que se debe encarar esta problemática solo llegará de la mano de políticas consensuadas a mediano y largo plazo y llevadas adelante por un Estado presente.
Por otro lado, no es momento de dirimir diferencias en el interior del espacio, sino que es momento de sostenernos en nuestros acuerdos.
Hoy los militantes sociales y populares somos actores claves, representativos y valorados por el trabajo social que realizamos a diario.
Salir a desprestigiar y deslegitimar la militancia es hacerle un daño innecesario y muy peligroso a quienes pusieron tanto para poder dar esas respuestas que nuestro pueblo hoy necesita con urgencia.
El déficit en el acceso habitacional atraviesa a amplios sectores de la sociedad. La clase media, por ejemplo, cuenta con innumerables dificultades y escasas oportunidades crediticias que le permitan salir del alquiler, con la consiguiente carga económica que esto implica en su presupuesto mensual.
En los barrios populares, a su vez, la única respuesta a la falta de vivienda propia ha sido construir en los mismos terrenos de sus familiares, generando de este modo mayor hacinamiento y que siga sin resolverse el problema de fondo.
Por último, la salida de esta situación tiene que ser consensuada y articulada con los representantes comunitarios y debe ser canalizada en una mesa de diálogo que realmente resuelva los problemas.
A lo largo de los últimos años hubo sólo una política certera para abordar la crisis habitacional: el plan integral de crédito Procrear.
Debemos continuar y profundizar dicho plan, además de avanzar con lo que ya se prometió en campaña, multiplicando así la creación de lotes que cuenten con todos sus servicios.
Tomar el problema con responsabilidad y planificación es la única forma de brindarle a todos los argentinos la posibilidad de contar al fin con su casa propia.
