BUENOS AIRES (NA) — La Coalición Cívica-ARI anunció que va a denunciar ante la Justicia la anulación de los traslados de los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, decisión que el partido liderado por Elisa Carrió considera una “remoción encubierta”.
“Hay que defender al Poder Judicial porque está en riesgo su independencia y, en definitiva, el estado de derecho. Esta defensa se hace desde la no violencia, por eso hacemos un llamado a la paz y no queremos la radicalización porque le es funcional al poder y a la vicepresidenta de la Nación”, Cristina Kirchner, señaló la fuerza política opositora en un comunicado.
Los dirigentes de la CC-ARI hicieron hincapié en que no van a “contestar a la violencia institucional” con la misma moneda, sino que lo harán “con actos ajustados al estado de derecho como está presentación y las que venimos haciendo en sede judicial”.
“Allí y en otros organismos los diputados de la Coalición Cívica estamos informando cada apartamiento del orden institucional y constitucional que se provoca en nuestro país” agregaron.
El miércoles, el Senado rechazó los traslados de los jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi, lo cual fue ratificado este jueves por decreto presidencial.
“En consecuencia, concluyó la maniobra manifiestamente ilegal de desplazamiento de dichos magistrados desplegada por el Poder Ejecutivo Nacional, la vicepresidenta de la Nación y un conjunto de senadores pertenecientes al partido de Gobierno”, lamentaron.
“Solicitamos que también se evalúe la conducta del presidente de la Nación por la violación el artículo 109 de la Constitución Nacional. Alberto Fernández no puede desconocer que el presidente de la Nación no puede ejercer funciones judiciales y lo hizo”, alegaron.
Según argumentaron, “los traslados de los jueces, por ser un acto jurídico complejo, sólo pueden ser revisados por la Justicia”.
En esta línea, indicaron que “es de público conocimiento que el tema está pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a instancia de los magistrados que han sido removidos” y que por lo tanto el Poder Ejecutivo y el Legislativo no debían haber tomado intervención.
“Es evidente que el apuro de la vicepresidenta, y ahora del presidente de la Nación, obedece a consumar un acto adjudicándose facultades judiciales, antes de que resuelva el tribunal supremo. Esperamos que la Corte reaccione, restituya el Estado de Derecho y traiga la paz y cordura”, remataron.
