BUENOS AIRES (NA) — La Cámara de Diputados volverá a sesionar mañana con una agenda de proyectos que incluyen la “Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”, una iniciativa que busca prohibir la ayuda económica del Estado a empresas radicadas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal, y la adhesión argentina al Tratado ambiental de Escazú.
La sesión, que se realizará el próximo jueves a las 15 también incorpora en el temario una ley para regular el ejercicio profesional de la fonoaudiología.
El proyecto de “Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino” modifica el artículo 28 de la Ley 27.260, que disponía que las rentas del FGS debían ser destinadas al pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior.
La idea, explicitada la semana pasada en comisión por la titular de ANSES, Fernanda Raverta es que la Reparación Histórica se pague con recursos del SIPA y que sólo pase a estar cubierta por las rentas del FGS en caso de que exista un déficit transitorio.
El lunes pasado, Diputados avanzó con la firma del dictamen de mayoría del proyecto que apunta a prohibir la ayuda económica del Estado a empresas domiciliadas en paraísos fiscales y a aquellas que hayan incurrido en prácticas probadas de evasión fiscal, por lo que el proyecto quedó en condiciones de ser votado en el recinto virtual.
También ingresará al temario de la sesión el dictamen de consenso entre el oficialismo y la oposición a favor del proyecto de adhesión del país al Tratado de Escazú, el cual tiene como finalidad garantizar el acceso a la información pública, el acceso a la Justicia y la participación comunitaria en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Dicho acuerdo ya tiene media sanción del Senado y ahora se encamina a ser aprobada el jueves que viene en la Cámara baja.
De ocurrir eso, Argentina se convertirá en el décimo país en adherir al tratado, el cual entrará en vigor una vez que reúna el acompañamiento por ley de 11 países de los 22 que suscribieron al acuerdo en marzo de 2018 en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
