BUENOS AIRES (NA) — La Cámara de Diputados realizará hoy su primera sesión del año para tratar un paquete de proyectos en el que destacan el de sostenibilidad de la deuda pública y el beneficio extraordinario a familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan, con amplio consenso entre oficialismo y oposición.
Tras el intento por reunirse en enero, en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias que dispuso el presidente Alberto Fernández a fines del año pasado y hasta el 1 de marzo, la Cámara baja retomará la actividad este jueves a partir de las 12:00 con cuatro iniciativas cuyo contenido no genera grandes estridencias entre oficialismo y oposición.
El primero de ellos -y el único que sería convertido en ley- que establece que los contratos de deuda en moneda extranjera que excedan lo previsto en la ley de presupuesto y los futuros acuerdos con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso, al tiempo que prohíbe destinar esos préstamos a gastos corrientes.
La iniciativa presentada por el ministerio de Economía y aprobada por el Senado obtuvo dictamen de comisiones favorable este miércoles con el acompañamiento del interbloque opositor Juntos por el Cambio, que firmó en disidencia parcial.
Pese a esas diferencias, referidas a cuestiones técnicas más que políticas, el proyecto gozaría de un consenso amplio similar al que tuvo durante su paso por la Cámara alta.
El mismo nivel de acuerdo tiene el proyecto que reconoce a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, fallecidos en 2017, el derecho a percibir un beneficio extraordinario por única vez de aproximadamente 6,6 millones de pesos, con carácter indemnizatorio.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo también obtuvo dictamen favorable unánime este miércoles, en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional.
En caso de ser aprobado por la Cámara baja, este proyecto pasará al Senado al igual que los otros dos que completan el temario y que apuntan al sector de la construcción privada y de la ciencia y tecnología.
El primero de ellos es una iniciativa que busca implementar un régimen de promoción de inversiones en la construcción de obras privadas nuevas en todo el país y el segundo apunta a elevar el financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología del 0,28% del PBI al 1%, en el plazo de 11 años.
