NEUQUÉN (ED). — Con las campañas para las elecciones de concejales ya en marcha, irrumpió nuevamente en escena un tema que se creía solucionado: el del Rincón Club de Campo.
La polémica la reflotó el Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, quien pidió que se declare “inexistente” la venta de más de 12 metros cuadrados de tierras a la administración de ese barrio privado, uno de los más top de la mega city. Consideró inconstitucional la venta de tierras a ese barrio top y pide recuperar la calle como espacio público.
La polémica, al menos la etapa de la que se tiene memoria, comenzó durante la gestión del ex jefe comunal Horacio “Pechi” Quiroga, cuando el ahora funcionario del intendente Mariano Gaido, Francisco “Pancho” Baggio cortó con una tenaza de importantes dimensiones el alambrado que impedía el acceso de la población a ese sector del Río Neuquén.
Ya en la gestión de Gaido, se llegó a un acuerdo, ingresaron las topadoras y se realizó la venta de tierras que, ahora, generó los reclamos del Defensor del Pueblo, quien consideró inconstitucional esa transacción y pidió que se disponga su nulidad. Lo hizo con la presentación de un recurso administrativo en el municipio. Básicamente, le pidió a Gaido que anule la venta.
En el argumento clave de su planteo, el Defensor reclamó la inmediata apertura de una calle que fue incorporada al barrio y que -señaló- deber ser integrada a la avenida costera. Riva se refirió al tema en una entrevista con 24/7 Canal de Noticias en la que, entre otras cosas, acusó que “no se cumplieron con pasos legales, como por ejemplo el llamado a una audiencia pública o una consulta a organismos específicos, como la Unidad de Gestión Territorial o la Unidad de Gestión de Areas Protegidas”.
Desde la Defensoría se explicó que Riva le pidió a Gaido que “determine las acciones que correspondan para la inmediata recuperación de dichas tierras al uso y circulación públicos. La medida se funda en una concatenación de hechos que exponen los incumplimientos del municipio respecto del proyecto diseñado para el paseo costero en el tramo donde está localizado el barrio privado”.
“El escrito elevado por el defensor del pueblo fundamenta su petición en las normas que determinan que las tierras ribereñas de dominio público deben destinarse al uso público y garantizarse su uso común. En ese sentido, el texto explica que la venta de tierras al barrio privado (…) no garantiza la libre circulación en momentos críticos para la asistencia o evacuación, ni se posiciona en términos beneficiosos al acervo municipal. Es simplemente una venta directa y de privilegios, inconstitucional y que requiere su inminente declaración de inexistencia y/o nulificación”, dijeron desde la Defensoría.
