BUENOS AIRES (NA) — De manera inesperada, el Frente de Todos sufrió este lunes un duro revés en el Senado, al no conseguir el apoyo de legisladores aliados al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, por lo que se cayó la sesión prevista para este miércoles.
Para garantizar la aprobación de la iniciativa -que había recibido dictamen de comisión la semana pasada- el oficialismo necesita sumarle al voto de sus 35 senadores propios el de dos legisladores aliados, un objetivo que se alejó en las últimas horas tras la declinación del rionegrino Alberto Weretilneck y de la riojana Clara Vega.
El Frente de Todos apenas pudo rescatar el respaldo de la misionera del Frente de la Concordia, Magdalena Solari Quintana.
A fin de prevenir una segura derrota en el recinto, el oficialismo decidió la vuelta a comisiones del dictamen para analizar posibles cambios en la redacción.
La convocatoria del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia es a las 16 de este miércoles, por lo que el proyecto no podrá ser votado en el recinto hasta la semana que viene.
Para conseguir el voto que le falta, el Frente de Todos evalúa incorporar elementos del proyecto presentado por Weretilneck, el cual expresa una mirada más federal en la composición de los miembros del Consejo de la Magistratura y para el funcionamiento de ese órgano.
Este paso en falso del oficialismo atenta contra la celeridad con la que el Congreso debe resolver la sanción de una nueva norma, ya que la Corte Suprema, en el mismo fallo en que declaró inconstitucional la ley vigente el 16 de diciembre pasado, concedió hasta el 14 de abril para la aprobación de un nuevo marco normativo.
Si eso no ocurriera, se declararían inválidas todas las resoluciones que adoptase el Consejo de la Magistratura a partir del 15 de abril, paralizando a este órgano clave en el funcionamiento institucional de la Justicia.
Pero además, la sentencia prevé restaurar la vigencia de la ley derogada en 2006, cuando se aprobó la reforma que redujo de 20 a 13 la cantidad de consejeros, y le quitó a la Corte Suprema representación en el órgano (detentaba la presidencia).
Según la lectura del kirchnerismo, el máximo tribunal de Justicia pretende recuperar el control del Consejo de la Magistratura, y por eso estableció un plazo tan exiguo de 120 días para la sanción de una nueva ley.
Eso supondría que el Senado le dé media sanción al proyecto una semana antes del vencimiento del plazo impuesto por la Corte Suprema.
La iniciativa recién pasaría entonces a Diputados, donde todavía ni siquiera fueron conformadas las comisiones para discutirla y sigue paralizada la actividad parlamentaria.
En el mejor de los casos, podría ser votada en el recinto del Senado la semana que viene, apenas una semana antes del “deadline” impuesto por la Corte Suprema, y si hubiera media sanción pasaría entonces a Diputados donde ni siquiera fueron constituidas las comisiones para debatirla.
Con el reloj como enemigo, el panorama se presenta complicado para el oficialismo, que deberá acelerar al extremo las gestiones.
