BUENOS AIRES (ED) — Finalmente, el Gobierno oficializó la renuncia de Sergio Urribarri a la embajada argentina en Israel, presentada luego de haber sido condenado por delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en cinco expedientes diferentes.
El reclamo de la oposición se agitó en los últimos días, precisamente después del 25 de Mayo, cuando el exgobernador de Entre Ríos encabezó el acto por un nuevo aniversario de la Revolución en la misión diplomática nacional en aquel país asiático.
Así fue que el Gobierno aceptó la dimisión de Urribarri “al cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Estado de Israel, a partir del día siguiente de la publicación” de la normativa.
En la resolución se aclaró que Urribarri será trasladado “desde la Embajada de la República ante el Estado de Israel al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto” y que “el gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35” de esa misma cartera.
Urribarri, quien fue designado por Alberto Fernández en el comienzo de su gestión, fue condenado el último 7 de abril a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por hechos de corrupción que se le imputan por su gestión como gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015.
La fiscal que lo investigó, Cecilia Goyeneche, fue destituida al mes siguiente, en principio por otra causa pero con grandes sospechas de parte de la funcionaria judicial de que sus averiguaciones y la remoción fueron de la mano.
Referentes de la oposición redoblaron sus críticas por la permanencia de Urribarri en un cargo que ejerce desde inicios de 2020. Ante esa aparición oficial del exgobernador entrerriano, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto en la cámara baja para “promover el juicio político” contra su superior, Santiago Cafiero.
Encabezados por Fernando Iglesias y Waldo Wolff, diez integrantes de la Cámara de Diputados firmaron el proyecto de resolución para promover el juicio político contra el canciller. Según la nota, dirigida al presidente del recinto, Sergio Massa, lo hicieron “con el objeto de determinar si ha incurrido en la causal de mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que disponen los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional”.
Urribarri, sostenido por el kirchnerismo y por gobernadores del espacio oficialista, se defendió y recordó que sigue en funciones hasta que se le notifique la aceptación de su renuncia, algo que es cierto porque no tenía la confirmación de su renuncia, que llegó este martes a través del Boletín Oficial.
