BUENOS AIRES (NA) — Los deudores UVA, que mes a mes sufren el impacto de la inflación en las cuotas que deben abonar, tuvieron en los últimos días un nuevo dolor de cabeza, cuando se enteraron de un detalle de la letra chica del congelamiento que había dictado el Gobierno durante los meses más complicados de la pandemia de coronavirus.
Miles de personas que tomaron créditos en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) recibieron el llamado de sus respectivos acreedores, léase bancos, para informarles que debían cancelar la deuda que se había generado como consecuencia del congelamiento de cuotas: la cifra, en algunos casos, ascendía a cientos de miles de pesos, que debían ser saldados en escasa cantidad de días.
Sin embargo, aquellos que no pudieran hacer frente a semejante nuevo pasivo -la mayoría- tenían la opción de aceptar que se genere un “préstamo personal especial, sin tasa, ni ningún tipo de interés” que comenzaría a abonarse una vez culminado el pago del crédito original: en el caso de los créditos hipotecarios, se trata de más de dos décadas.
La explicación de este nuevo inconveniente para los deudores UVA se explica en que el 31 de julio venció el plazo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 767/2020, que fijó que hasta esa fecha “las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino por la parte deudora o quienes la sucedan a título singular o universal y las cuotas de créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) no podrán superar el valor del esquema de convergencia”.
Ese esquema de convergencia planteaba una ecuación -complicada- para establecer “el prorrateo del aumento del valor de la cuota durante el período del congelamiento en 18 meses desde el 1° de febrero de 2021 hasta el 31 de julio de 2022”, según el Banco Central.
Con el final de esta medida, los deudores que no pudieron abonar el nuevo pasivo tuvieron que aceptar el “préstamo personal especial en UVA”.
El nuevo crédito bancario, a pagar una vez saldado el préstamo original, está conformado por “la operación especial en pesos generada en cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin tasa, ni intereses, por la diferencia del congelamiento de abril a septiembre 2020, ambos meses inclusive, si la misma hubiese quedado impaga, y que se ha convertido en UVA según la cotización de la fecha de vencimiento de cada una de esas cuotas”.
También por “la diferencia generada en UVA entre octubre 2020 y enero 2021, ambos inclusive, entre la cuota pagada con la que se debería haber pagado realmente” y por “la diferencia generada en UVA entre febrero 2021 y julio 2022, ambos inclusive, entre la cuota que pagada según el cálculo establecido en el Esquema de Convergencia, con la que se debería haber pagado realmente”.
De esta manera, el deudor UVA se vio involucrado en un nuevo préstamo actualizable por inflación, cuando aún no puede sortear el que había contraído anteriormente. La normativa en cuestión establece que las cuotas de este nuevo pasivo “no podrán superar la cuota UVA original del préstamo”.
Este baldazo de agua fría se da en medio de los reiterados reclamos del colectivo de hipotecados UVA, que insiste en el pedido para que las cuotas se actualicen no por inflación, sino por el Coeficiente de Variación Salarial: varios proyectos en ese sentido se encuentran en el Congreso de la Nación, pero hasta el momento no han logrado siquiera llegar al recinto.
En junio pasado, un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presididas por Alicia Aparicio y Carlos Heller, había analizado la situación de los créditos hipotecarios UVA junto a especialistas y damnificados.
Uno de los legisladores que impulsa el tema es el radical mendocino Julio Cobos, quien en aquel momento había remarcado la “coincidencia entre la mayoría de los diputados para encontrar una solución”, pero se había quejado de que no se logró traducir en un dictamen.
