BUENOS AIRES (NA). — Con el pedido de 12 años para Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola lograr algo que parecía imposible, realinear las fuerzas del Frente de Todos, suspender las diferencias, y reordenar a Juntos por el Cambio detrás de los pedidos de condena. A su parte, y en silencio, Sergio Massa aprovecha la coyuntura y hace uso de las garantías oficialista de ser la nueva incorporación para moverse con libertades.
La figura de persecución política a la vicepresidenta parece convencer al interior del Gobierno y la levantan hasta lo oficialistas con peor relación con el kirchnerismo. El presidente Alberto Fernández se esfuerza por mostrarse como uno de los mejores defensores juridicos del caso, y considera central mantenerse “en permanente estado de alerta y movilización”.
“Miren que puedo tener diferencias con Cristina, pero en esto estoy absolutamente de su lado. No tuve diferencia ni cuando no nos hablábamos. Cuando no nos hablábamos, estuve en todos los canales de televisión defendiéndola”, enfatizó el mandatario ante el Consejo Nacional del PJ tal y como contó NA. La acción en las calles es inminente, resta afilar la convocatoria y ver cómo se desencadenan los hechos del día a día.
El movimiento en falso de Horacio Rodríguez Larreta con el vallado en las inmediaciones de la casa de la ex mandataria del sábado produjo un efecto inesperado incluso para la propia oposición. Las instancias plenarias convocadas para organizar acciones a futuro en defensa de Cristina Kirchner se suspendieron y en su lugar, el oficialismo llamó a una movilización hacia Juncal y Uruguay de la que participaron incluso funcionarios y dirigentes, incluída la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, respaldada por el Presidente a través de su cuenta de Twitter.
A su parte, Juntos por el Cambio se vio obligado a dar una conferencia de prensa dejando una peculiar postal de unidad sostenida por la denuncia contra la vicepresidenta por “alentar a la violencia”. Uno a uno ubicados detrás del jefe de Gobierno porteño, dirigentes de los distintos espacios de la coalición respaldaron los reclamos. Desde sus redes sociales, Mauricio Macri apadrinó las exigencias y cruzó a la vicepresidenta con dureza.
En paralelo, en una mesa de diálogo entre las partes, protagonizadas por los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández y Marcelo D’Alessandro resolvieron bajar la tensión.
Desde su casa en Recoleta, la ex mandataria esbozó un breve discurso con algunos tintes electorales en el que polarizó con la oposición y envió a su militancia “a descansar”, desarticulando así la respuesta en su nombre.
Aunque desde su entorno sostengan que “todavía falta mucho”, no es la primera señal de cara a 2023 que envía Cristina durante la semana. El pasado jueves se dejó retratar usando una gorra negra con la leyenda “CFK 2023”, que le extendió uno de sus seguidores. Ayer, mientras ella arremetía contra Juntos por el Cambio en un improvisado escenario ubicado en la esquina de su piso, los manifestantes coreaban “Presidenta, Cristina presidenta”.
Los peculiares tweets de su abogado Gregorio Dalbón dejan en claro que, a pesar de haberlos atribuido a título personal, en su entorno el tema está instalado.
Con varias instancias organizativas en curso, entre ellas, un nuevo Congreso del PJ programado para el 3 de septiembre y nuevas reuniones de sus miembros, el oficialismo -con el mandatario a la cabeza- cierra líneas y define las acciones a seguir para respaldar a la expresidenta en las calles. Del otro lado, Juntos por el Cambio esconde sus ya conocidas diferencias bajo la alfombra y potencia la denuncia contra Cristina Kirchner. Esto, aún en esta instancia, les vale la demarcación de referentes de peso como Facundo Manes y Gerardo Morales que hacen públicos sus debates.
Los objetivos de un silencioso Sergio Massa
En paralelo y con la atención mediática puesta en el juicio por la Obra Pública, el ministro de Economía, Sergio Massa, dio sus primeras puntadas en la delimitación de un plan económico que lo posicione para 2023. Su objetivo es claro: alcanzar el orden fiscal y cumplir con la meta pactada con el FMI para el 2022 de 2,5% de déficit, y en eso trabaja.
Dicho orden toma materialidad en el congelamiento del personal estatal, la delimitación del Presupuesto 2022 como techo para gastos, y la decisión de “reasignar” partidas presupuestarias no ejecutadas a la fecha. En respaldo a ese ABC que defienden desde el Palacio de Hacienda, llegaron las primeras acciones.
A mitad de semana se publicó la Decisión Administrativa 826/2022 que revela la reducción en las partidas de gastos en diferentes ministerios que redondean un total de $210.000 millones, con el objetivo de ahorrar el equivalente al 3,1% del déficit fiscal total de 2022.
Los recortes pasaron con poca trascendencia, pero alcanzaron a varias carteras ministeriales, entre ellas al área de Desarrollo Productivo ($70.000 millones); de Desarrollo Territorial y Hábitat ($50.000 millones); de Educación (50.000 millones); de Obras Públicas ($20.000 millones), y de Transporte ($10.000 millones) y Salud ($10.000 millones).
Desde Casa Rosada perciben cada acción del ministro, pero aseguran que aún cuenta con la garantía otorgada por el desembarco en el Gabinete. “El juicio contra la vicepresidenta no afecta el plan económico de Massa. Es más, el fiscal (Diego Luciani) trabaja para Sergio porque todo esto pasó desapercibido”, ironizó un funcionario del entorno del presidente en diálogo con NA en referencia a la poca visibilidad que tuvieron sus primeras medidas.
Al ordenamiento de las cuentas se suma la tensión con los distintos sectores en pugna. La CGT, el Campo, los empresarios y movimientos sociales solicitan ser atendidos y negociar sus reclamos con el ministro que, al momento, parece atender a todos los teléfonos, con prioridades, claro está, mientras goza del poder y la libertad de ser la flamante incorporación hasta que se le acaben los créditos.
