“Cristina Kirchner ensayó una defensa corporativa, tiró del mantel para ver si alguno se asusta y la salva de una condena. Hizo su despliegue de televisión, hará un despliegue en alguna plaza con La Cámpora y logrará que el peronismo vuelva a firmar un comunicado pidiendo la impunidad.
Todo esto pasará, pero habrá verdad. Quizá no llegue en forma de sentencia, eso no tenemos forma de saberlo. Lo que sí podemos estar seguros es de que la verdad se transmitió en cadena nacional y lo que antes era el discurso de unos locos -especialmente de unas locas- de la Coalición Cívica, llegó a todas las casas de los argentinos.
Aplaudo a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por eso. Y quiero manifestar mi enorme admiración por mis compañeras cívicas que iniciaron esta causa como Paula Oliveto, Mariana Zuvic y, obviamente, Lilita. Pusieron todo de ellas, Carrió puso en juego todo su capital político y hasta perdió muchísimas oportunidades por decir la verdad.
Diría que el discurso de Cristina es una gran prueba de culpabilidad. La vicepresidenta respondió con la agresividad de quien se sabe culpable, en contraste con la templanza de todos los que alguna vez fueron perseguidos políticos.
Acá no hay juicio por su accionar político, se los acusa de haber robado y si esto alecciona a la política, bienvenido sea. La acusación encabezada por el Ministerio Público Fiscal es en el marco del expediente que se lleva a cabo contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, entre otros, tanto por el escándalo de corrupción con la obra pública en Santa Cruz. Por haber conformado una asociación ilícita y por la defraudación al patrimonio público.
Tenemos que entender qué es cada situación, para también comprender que no son perseguidos políticos, sino investigados por sus actos. La defraudación nos requiere al menos tres grandes elementos: a) un ardid o engaño, b) un error, c) un perjuicio económico. Cada uno de ellos se ha dado cuando se analiza la situación en cuestión. A través de sobreprecios se hace “caer” en un error a la administración, generando un perjuicio para el Estado, ergo, para todos nosotros.
Sin embargo, lo más interesante para analizar es la figura de la asociación ilícita. Esta figura busca, como otras que nuestro Código Penal recepta bajo el título de “delitos contra el orden público”, la protección del sentimiento de la tranquilidad o la paz pública, que resulta de la confianza general en el mantenimiento de la paz social. En pocas palabras, busca que las personas no sientan la inseguridad de manera constante, ni que sientan que pueden ser víctimas de un delito en cualquier momento.
Más aún frente a quienes utilizan al Estado para organizar una maquinaria de saqueo.
Esta figura tiene tres elementos muy sencillos de delimitar: a) tomar parte de una asociación, b) poseer el propósito colectivo de delinquir, c) ser al menos tres o más personas. Todo ello ha sido probado a lo largo del proceso que se lleva en contra de los acusados.
Son mucho más que tres personas que están estrechamente vinculadas (sea por ser familiares entre sí, sea por ser funcionarios, sea por ser amigos), en donde cada uno ha realizado un aporte con la finalidad de distribuirse cifras millonarias del dinero público.
Cristina busca desligarse de esta situación, pero lo cierto es que las pruebas abundan sobre sus vínculos con los demás imputados, donde la gran mayoría ya ha tenido otras causas de similares características.
Es una vergüenza el tiempo transcurrido. El letargo de la Justicia es inexplicable. En 2008 se presentó la denuncia por asociación ilícita, estamos a 14 años. La percepción de impunidad hizo mucho daño a la Argentina, la de ahora y los noventa. Así se construyó el modus operandi del saqueo.
Y acá es donde también tenemos que hacer un tiempo para considerar otra de las situaciones que se argumentan: la persecución por ser Cristina, a través del llamado “lawfare”.
Esta construcción de un posible enemigo que controla a la Justicia para “proscribir” a los gobiernos populares es solamente utilizada para no reconocer la propia responsabilidad en los hechos investigados.
Es de manual, cuando no tenés argumentos para defenderte entonces tu defensa es atacar. Contribuyen a una idea en la que todos son lo mismo y que debemos resignarnos a la corrupción, el espionaje y las presiones sobre la Justicia.
No hay una persecución por parte de los fiscales o del tribunal interviniente. No es que se la agarran con Cristina. Cumple con su deber. Éste es un proceso que ha respetado desde el primer momento todas las garantías y principios rectores.
Ha habido una primera etapa de investigación en instrucción que ha terminado con el procesamiento y elevación a juicio de los acusados. Ha habido un debate oral y público que ha llevado más de tres años. Han habido recursos presentados por las defensas que han sido analizados tanto por la Cámara de Casación como por la Corte Suprema de Justicia. En todo momento se ha respetado el derecho a ser oído y de defensa de los acusados.
Sin embargo, parecería que lo que busca Cristina no es ejercer el derecho constitucional del que gozamos todos, el derecho a un debido proceso. Ella quiere más. Quiere un proceso privilegiado, “digno” por su supuesta contribución al país como ex presidenta.
Toda esta historia nos costó mucho a los argentinos. Nos costó años de debate judicial y político, pero especialmente nos costó desarrollo. La corrupción es un ancla que degrada nuestra capacidad de crecer conforme nuestras posibilidades.
Ahora es tiempo de la templanza. Habrá quienes quieran agitar, habrá plazas llenas y destellos de una vieja forma de hacer política. Pero estamos frente a un gran cambio y debemos esperar con paciencia y en paz la sentencia”.
Opinión por Hernán Reyes es legislador porteño de la Coalición Cívica.
