NEUQUÉN (ED) — La provincia de Neuquén no escapa a aquel axioma (indeseado) de los sindicalistas ricos con afiliados pobres. Los casos no son difíciles de encontrar tanto en los gremios que representan a los trabajadores de la actividad privada como en los que nuclean a los agentes de los distintos poderes y organismos del Estado.
Lo novedoso es que en la Legislatura avanza un proyecto que, si se aprueba, obligará a los y las sindicalistas a rendir cuentas respecto de su patrimonio al ingresar y egresar de la representación sindical. Es cierto que hay quienes pasan toda su vida pseudo laboral en modo dirigente, pero en fin ese es un asunto que (en este caso) no está en debate.
Impulsada por la diputada provincial libertaria Brenda Buchiniz (Cumplir), la iniciativa ya dio sus primeros pasos por la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que preside el diputado Ernesto Novoa (CD-Comunidad).
Fue ahí donde Buchiniz señaló que (de aprobarse) la obligación de la declaración jurada patrimonial integral no sólo obligará a rendir cuentas a los funcionarios públicos sino también a los y las sindicalistas, al inicio y al culminar el cargo. “Si estamos en la función pública, tenemos que ser transparentes y rendir cuentas”, subrayó.
La propuesta tuvo respaldos diversos. Y más allá de los controles sobre los funcionarios, el asunto de los sindicalistas comienza a generar expectativas, especialmente porque en muchos casos “son los mismo de siempre” y llevan décadas atornillados al gremio.
