El conflicto docente puso en evidencia la fragilidad de un sistema educativo, donde durante mucho tiempo existieron controles laxos que no permitieron garantizar la continuidad educativa.
Neuquén arrastra el doloroso dato de ser una de las provincias del país que más días de clase perdió, y lo más lamentable sin una discusión salarial de fondo, solo ideas. La legislatura neuquina sacó una ley de mejora de salarios en el sector educativo y como respuesta el gremio lanzó un paro que entrará la próxima semana en su séptima semana.
Apenas desatado el conflicto, muchas familias denunciaron la complicidad recurrente de muchos los directivos que amparados por el marketing gremial de ATEN, optan por no pasar las novedades de quienes no asisten a clases. Si bien existe una normativa que los obliga a informar. Hay una zona de grises punitivos sobre los cuales saben que pueden jugar, pero que no los exime de la necesidad de recuperar su verdadero rol en las escuelas.
En una declaración radiales el diputado Marcelo Bermúdez, reconoció que “necesitamos directivos de escuela que informen la realidad de lo que sucede, que informen bien y que entiendan que tienen una función clave en la organización del sistema educativo. Los directivos tienen que informar la realidad que sucede y no ser cómplices de un paro, que no tiene ningún tipo de justificación”.
El número de WhatsApp que lanzó el CPE al servicio de las familias para poder juntar información de primera mano sobre las novedades de las escuelas que no abren, que no tienen docentes, y otras mañas gremiales; es el principio del camino, pero también abre el interrogante si no es necesario incorporar tecnología para mejorar esos controles librados al humor de sus protagonistas.
A modo de ejemplo, la escuela que Sarmiento nos legó conserva el libro de firmas donde los docentes dejan constancias de sus presencias, a veces un OP (omitió firmar) del preceptor también sirve como registro, pero se necesitan mejoras urgentes.
Pero hay otras omisiones más preocupantes. La falta de información de los directores sobre las ausencias en tiempos de paro nos impone otro debate y es cómo exigir cumplir la normativa que en la práctica pocas veces ocurre, lo que conspira también contra el control efectivo.
Allí en medio de esa panacea de adhesiones o no a las medidas de fuerza, donde el mismo CPE se encuentra directamente permeable a la fuerza del gremio y sus peleas políticos, afloran los errores en las liquidaciones a los maestros.
Esta semana, el Gobierno confirmó que se aplicaron descuentos a todos los docentes que hicieron paro. Algunos sufrieron descuentos, aún yendo a trabajar lo que generó molestia y enojo entre docentes, con directivos y en última instancia los reclamos pegarán en el Distrito. Todo ello sería evitable si los engranajes administrativos de las escuelas cumplieran su función y no tratan de burlar el sistema.
Un caso insólito lo manifestó una docente enojada que cargó contra una directora que avaló el paro y habría informado como ausentes a quienes fueron a trabajar, como una forma de correctivo. Si bien existen caminos para poder comprobar que asistió a clases y recuperar el mal descuento, lo cierto es que es injusto que quienes se comprometen con la educación deban lidiar con el disciplinamiento de quienes dicen defender derechos.
Vivimos en la era de la información, marcados por los avances de la tecnología, quizás sea hora de poner en orden el tablero para terminar con los abusos.
