Era portero en un establecimiento educativo. Tachó el libro de asistencias, para disimular sus incumplimientos. No faltaron los insultos y amenazas
NEUQUÉN (ED). — El gobierno de la provincia de Neuquén exoneró de la administración pública, hace apenas unos pocos días, a un ahora ex agente: José Alarcón, que según pudo saberse se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Instituto Provincial de Educación Terciaria N° 1, de la ciudad de Neuquén. La sanción (más extrema que la cesantía) sobrevino luego de los sumariantes dieran por acreditadas no sólo maniobras para disimular incumplimientos laborales, sino también la comisión de actitudes violentas.
En el expediente consta que, el 6 de septiembre de 2022, el Consejo Provincial de Educación (CPE) instruyó sumario administrativo por presuntas transgresiones a lo normado en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública.
Según pudo saberse al respecto, la instrucción sumarial se inició a fin de investigar y determinar si el portero había vulnerado la conducta decorosa y digna de la consideración, que deben tener los agentes de la administración pública. Avanzó el sumario y se pudo establecer (dicen) que el portero rayó el libro de firmas de asistencias y, en su supuesto ataque de ira, actuó de manera agresiva hacia el personal, al que propinó improperios. Se enojó, aseguran, contra quienes cumplen la función de control de la labor diaria.
Se habla, incluso, de amenazas. Tal es así que hubo una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, en la que se dejó constancia de que amenazó a un ahora ex compañero (autoridad) de trabajo al que responsabilizó del no cobro de la cuota alimentaria de sus hijos, diciéndole que se había metido con su sueldo.
El expediente se refiere a la vagancia en el Estado. Aunque no menciona expresamente esa palabra señala que, por la cantidad de prueba producida, quedó acreditada una falta administrativa seria en virtud de la violencia laboral ejercida por el agente, la sobrecarga de tareas a sus compañeros al llegar tarde o irse temprano del trabajo y la modificación del registro de asistencias mediante tachaduras en los mismos; así como también que tales actitudes fueron reiteradas y desde hace mucho tiempo. Al ahora despedido se le garantizó su derecho a la defensa, pero no logró revertir su situación.
Cabe recordar que ni bien asumió en sus funciones, Figueroa puso en marcha una serie de políticas destinadas a ordenar el Estado y a sanear sus cuentas. Parte de esas políticas radican en la erradicación de ñoquis, incumplidores y otros que no merecen pertenecer a la administración pública.
Sin ir más lejos, hace apenas unos pocos días, el gobierno les dio de baja de su planta permanente a dos ahora ex agentes que pertenecían al ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Se trata de dos malandras conocidos en el hampa: Julio César Blanco y Juan Carlos Santana, a quien se le endilga una relación punteril con el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca (hoy procesado en una causa que investiga una mega estafa al Estado). Se dice que, como “soldado” de Di Luca, Santana desplegó “servicios” de militante en la primera campaña del ex gobernador Omar Gutiérrez. Tanto Blanco como Santana, recibieron condenas judiciales.
