Se trata de tres nuevos casos, dos eran del Registro Civil y el otro del servicio Penitenciario. La nueva gestión le imprimió celeridad a la resolución de viejos sumarios
NEUQUÉN (ED) — El gobierno de Rolando Figueroa sigue adelante con su decisión de expulsar de la administración pública a vagos, faltadores empedernidos y a otros ñoquis que, con su accionar, estafan al Estado y -en consecuencia- a la sociedad neuquina en su conjunto. En el filo de la semana, se conocieron otros tres casos, que se suman a los que fueron trascendiendo por estos días.
Uno de esos casos es el de la ahora ex agente Erica Diolinda Barros, quien era personal de planta permanente de la dirección provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del ministerio de Gobierno. La sanción es la de cesantía, por haber incurrido en abandono de cargo. El sumario dio por acreditado que un día decidió no ir a trabajar y no fue más. Eso lo hizo entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2023; es decir, durante el gobierno de Omar Gutiérrez y el castigo recién le cayó ahora, por la decisión de Figueroa de acelerar estos procesos administrativos y evitar que la provincia siga malgastando en sueldo de quienes no lo merecen.
Otro de los despedidos fue el de Sergio Nicolás Kochereschuk, quien también era personal de planta permanente de del Registro Civil. Le endilgaron abandono de cargo en virtud de inasistencias injustificadas, en las que incurrió desde octubre de 2018 al 19 de octubre de 2022, según consta en documentación oficial.
El tercero es el ahora ex cabo del Cuerpo Penitenciario, Gabriel Alfonso Añiñil. El 23 de agosto de 2023, la Jefatura de Policía de la Provincia de Neuquén le solicitó al Poder Ejecutivo provincial la destitución por cesantía, por incumplimientos al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial. La cesantía se argumentó en los 67 días de arresto policial que, por variadas indisciplinas, purgó entre el 21 de septiembre de 2022 y el 7 de junio de 2023.
Estos despidos se suman, entre otros, al de un portero que fue exonerado José Lucas Alarcón (la sanción es más severa que una cesantía, ya que pierde derechos). Trabajaba (en realidad se acreditó, que no tanto) en el Instituto Provincial de Educación Terciaria 1, de la ciudad de Neuquén. En el expediente sumarial que le iniciaron el 6 de septiembre de 2022, se constató que ocupó su tiempo en realizar tachaduras en el libro de firmas de asistencias, para esconder sus mañas: llegaba más tarde y se iba más temprano, dicen. Se asegura, además, que cuando le reprocharon su actitud insultó y hasta amenazó a sus jefes.
No obstante, los despidos que más ruido hicieron fueron los de dos delincuentes, que estaban procesados y condenados durante la gestión de Gutiérrez y que, al parecer, seguían cobrando sueldos. Se trata de Julio César Blanco y de Juan Carlos Santana, quien era “empleado” (estatal, claro) del ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, quien se encuentra imputado en una causa que investiga un fraude multimillonario a la provincia (es decir a los neuquinos), con recursos que eran para planes sociales. Se dice que el tal Santana participó en la primera campaña política de Gutiérrez. Lo bueno es que el Estado ya no los mantiene.
