BUENOS AIRES (NA) — El Gobierno Nacional eliminó los “privilegios heredados” en el acceso a empleos públicos mediante el Decreto 959/2024, con el fin de fortalecer la equidad y transparencia en las contrataciones dentro del Sector Público Nacional.
La normativa prohíbe expresamente el ingreso a cargos públicos por vínculo familiar, afinidad política o influencia y establece que todos los procesos de selección deben ser abiertos y accesibles al público en general.
Además, se disponen comités de evaluación independientes y sanciones a quienes incumplan estas medidas, según informó el Poder Ejecutivo.
Con esta medida, el Gobierno promete asegurar que el acceso a empleos estatales esté basado exclusivamente en el mérito y la competencia, eliminando las prácticas de nepotismo en las designaciones.
Detalle del Decreto 959/2024
Restricción de Prácticas Hereditarias: El decreto prohíbe explícitamente los privilegios de acceso a cargos públicos basados en parentesco, relación política o afinidad con personas en puestos de influencia. Se implementarán auditorías internas para asegurar que los procesos de selección se rijan exclusivamente por mérito y competencia.
Concursos Abiertos y Públicos: Todos los concursos para ingresar a la administración pública deberán ser abiertos y accesibles al público en general. Se exigirán procesos de selección competitivos, con requisitos previamente especificados, para evitar favoritismos.
Comités de Evaluación Independientes: La normativa ordena la formación de comités de evaluación compuestos por miembros independientes, quienes supervisarán que las selecciones sean imparciales. Estos comités deberán elaborar informes públicos sobre cada concurso, garantizando así la transparencia.
Sanciones a Irregularidades: Se establece un régimen de sanciones para los funcionarios que incumplan con las nuevas normativas o favorezcan prácticas de nepotismo. Las sanciones van desde la suspensión hasta la destitución y se aplicarán según la gravedad de la infracción.
Supervisión y Auditoría: El decreto habilita auditorías periódicas a cargo de la Oficina Anticorrupción para verificar que los procesos de selección sean transparentes y que no exista interferencia indebida en la selección de personal.
