El fiscal dio precisiones de dos investigaciones relacionadas a quienes cobraron para hacer capacitaciones fantasmas y lucraron con los pobres. Referentes de la organización y otros funcionarios siguen imputados.
NEUQUÉN (ED). – Un comunicado de Libres del Sur que circuló este lunes buscó despegarse de la causa de defraudación a la administración pública que investiga la Justicia neuquina, pero este martes, el fiscal jefe Pablo Vignaroli les pinchó el globo. Si algo que sabe el populismo y mucho, es jugar discursivamente para eludir causas.
“Es una deducción que hacen ellos en base a una decisión que tomamos nosotros, pero en realidad desde nuestro punto de vista es una deducción absolutamente errada y fuera de la realidad”, disparó.
Aclaró que Libres del Sur sigue estando investigado por presunta defraudación al Estado. La investigación se inició con una denuncia que alertaba que “se utilizaban los alimentos que se daban para los merenderos, con una finalidad política”. Es decir, esos alimentos eran utilizados como premio, a los que iban a las marchas a hacer bulto.
“De acuerdo con la asistencia que tenían, era la calidad del bolsón de comida que recibían”, detalló el fiscal en declaraciones a AM550.
Paralelamente la Justicia también investiga la creación de un programa de capacitaciones fantasmas, por las que se cobró, pero no se realizaron, y que además incluyó convenios con distintas cooperativas.
Vignaroli informó que “en los últimos allanamientos hemos podido dar con la documentación de Viento Sur, con lo cual ahí el trabajo de las contadoras, que inclusive estuvieron en el allanamiento, fue muy productivo y ahora es un trabajo relacionado con el gasto del dinero”, explicó en cuanto a la separación de las causas.
Remarcó que Viento Sur no es la única organización que está siendo investigada y en total serían seis cooperativas. Se investiga por defraudación del Estado, dado que recibieron el dinero y lo habrían utilizado en provecho propio. En esta línea, Vignaroli alertó que “acá también van a haber funcionarios públicos”, y apuntó al último ministro de Desarrollo Social, Chiappino, y a aquellos que estaban dentro de la administración de esa última gestión.
El funcionario judicial agregó que “también se está investigando la obligación que tenían de aportar un porcentaje de su subsidio, o del plan que cobraban, para la organización que pertenecía. Obviamente que era un cobro coactivo, siempre bajo amenaza de largo de baja”.
El delito de defraudación al Estado tiene una pena mínima de seis meses y una pena máxima de seis años de prisión. “Claramente, por las características de las maniobras, por la cantidad de dinero que puede estar involucrado, además, nosotros siempre vamos a pretender la aplicación de penas de cumplimiento efectivo”, señaló Vignaroli.
“Fueron maniobras relacionadas con dinero público, relacionadas con gente necesitada, se aprovechan de gente que está en un estado vulnerable para poder, por ejemplo, sacar un porcentaje del subsidio que cobran y con ese dinero hacer política”.
