La provincia tendrá una ley de ficha limpia. El gobernador ya firmó el proyecto. También habrá declaración jurada obligatoria
NEUQUÉN (ED). — Si alguien mantenía alguna duda, aun después de la expulsión de los ñoquis, la eliminación de los intermediarios en la asistencia social y la destitución de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, debería despojarse por completo de ella. Es que la tolerancia cero frente a los hechos de corrupción o inconducta, no sólo va en serio, sino que además se profundiza.
Apenas un par de días más tarde de que el Consejo Provincial de Educación de Neuquén (CPE) anunciara que empezará a visitar los domicilios de los docentes que presenten licencias médicas (medida para evitar certificados médicos truchos), el gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura el proyecto de ficha limpia. Lo hizo este jueves, mismo día en que firmó un decreto que obliga a los funcionarios a presentar su declaración jurada.
Los controles para garantizar no sólo la transparencia sino también el cuidado de los recursos del Estado alcanza tanto a los agentes como a las autoridades, funcionarios y otros estatales de planta política. La decisión no tiene precedentes; al menos no los tiene en los tiempos más recientes.
¿Qué es la ficha limpia? En sintonía con el proyecto que impulsa el presidente Javier Milei, Figueroa busca establecer que quienes tengan antecedentes penales, condenas o causas judiciales en marcha, no puedan ser candidatos a cargos electivos ni integrar el gobierno provincial. El proyecto debería aprobarse por unanimidad, pero quien sabe. De lo que no hay dudas es que contará con el respaldo de la amplísima mayoría de los bloques y se convertirá en ley.
Hace un mes, en la sesión que terminó con la destitución de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz sólo cinco diputados votaron en contra: los dos de la izquierda y los tres kirchneristas. El resto condenó las conductas delictivas que se le endilgan a la ex funcionaria, que está imputada de fraude al Estado (en la Justicia penal neuquina).
Entre otras cosas, no podrán ser diputados ni funcionarios quienes estén condenados por delitos dolosos comunes o federales, por tráfico de estupefacientes y quienes hubiesen sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional. Hay más, pero la enumeración podría llegar a resultar tediosa.
Figueroa también firmó un decreto que establece que todos los funcionarios públicos de la planta política estarán obligados a presentar sus declaraciones juradas en un plazo de 30 días hábiles, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
En caso de que los funcionarios no presenten sus declaraciones juradas, en los plazos previstos, se les retendrá los haberes y tampoco podrán tomar posesión del cargo. La trasparencia es una obligación de los funcionarios y Figueroa asegura que la hará cumplir caiga quien caiga.
