La decisión es escandalosa. Se apoyó en la saturación de las comisarías.
NEUQUÉN (ED). — La Policía de la provincia de Neuquén como así también las fiscalías realizan un gran esfuerzo para garantizar la seguridad de la población frente al accionar de delincuentes, cada vez más descarados y peligrosos. Pero se topan con las decisiones de jueces que, al parecer, los prefieren sueltos por las calles y a los ciudadanos de bien encerrados, en sus hogares.
El colmo sobrevivo este jueves, cuando el juez de Garantías Juan Manuel Kees le prohibió al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, que ingrese más condenados a las comisarías de la ciudad capital. Le puso una fecha límite: a partir del 4 de marzo y lo argumentó en el colapso carcelario. Lo cual amerita un análisis.
Primero, a diferencia de ciertos jueces que se refugian en la comodidad de sus despachos, Nicolini estaba en el Parque Nacional Lanín, codo a codo con los brigadistas que luchan contra el incendio, que lamentablemente ha provocado un desastre natural. En eso estaba cuando conoció la noticia.
Segundo, si no hay lugar en las celdas es porque, a diferencia de lo que ocurrió durante la última etapa del gobierno anterior hay más inversión en Seguridad y eso se refleja, por ejemplo, en la compra de vehículos y armamento.
Tercero, el gobierno invierte en todas las áreas esenciales y la Justicia despilfarra en alquileres, pese a que cuenta con la ciudad judicial cuya construcción implicó un gasto multimillonario. La Justicia gasta el 92% de su presupuesto en personal y tiene los mejores sueldos de la administración pública. Quizá por eso falte dinero para invertir en más cárceles.
Hay más, pero la enumeración resultaría tediosa. El hecho es que un juez pretende ahora que los delincuentes no vayan a las comisarías. Y, además, dio plazo hasta el 6 de septiembre para que reubique a todos los condenados que hay en comisarías de la provincia.
El juez Kees hizo lugar a una acción de hábeas corpus colectivo que planteó el Ministerio Público de la Defensa, con la adhesión de abogados particulares. La defensora general, es decir la jefa, es Vanina Merlo, quien fue ministra de seguridad durante el gobierno de Gutiérrez. La gestión actual está invirtiendo en la construcción de pabellones, pero las obras no avanzan tan rápido como el combate al delito que se libra todos los días.
Al fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid no le gustó en absoluto la decisión del juez Kees y dijo que pedirá una revisión. Es de esperar que se imponga la razón y se priorice la seguridad.
