NEUQUÉN (ED) — La administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa puso en marcha una medida que, aunque lógica, no es tan común que digamos. Lo que hará es no pagarles el bono a los docentes que adhieran a los paros a los que convocó el sindicalismo de ATEN; y también les descontará las jornadas no trabajadas. Es que, en este caso, las medidas sindicales de acción directa son injustificadas.
Con su decisión, la Provincia le pondrá fin a aquello de que “todo vale lo mismo” y les depositará los pagos adicionales sólo a quienes cumplan con su obligación de trabajar (para eso les pagan) o a quienes puedan justificar su ausencia con un certificado médico. Aquellos que dejen a los niños sin clase se quedarán sin bonos.
Esos bonos (de 100 mil pesos en marzo y de 125 mil pesos en abril) están contemplados en la pauta salarial que incluye tanto la actualización de los sueldos según el índice de precios al consumidor (IPC), como el no pago a los huelguistas. A esa pauta se llegó con un decreto luego de que la mesa de negociación salarial terminara en fracaso, producto del sistemático rechazo por parte de la conducción sindical.
El gremio había pedido la actualización por IPC y el gobierno se la otorgó, luego pidió otros beneficios y también se los otorgó. El miércoles (tras su última reunión con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares) el conductor de ATEN provincia, Marcelo Guagliardo, reconoció que la propuesta del gobierno neuquino era la única que ofrecía el IPC en todo el país, pero aun así el plenario de secretarios generales la votó en contra. Y prefirió la continuidad de los paros al IPC.
La postura sindical se explica en la antigua disputa entre Guagliardo (de linaje kirchnerista) y las conductoras de la seccional capital: Angélica Lagunas y Patricia Jure, ambas dirigentes de expresiones locales de partidos de izquierda y candidatas literalmente a todo. De hecho, las dos fueron concejales y diputadas provinciales.
Esa puja por el sillón que hoy ocupa Guagliardo es la que tiene de rehenes a los alumnos y sus familias, que se han expresado hasta el hartazgo en las redes. Siempre en contra de la dirigencia del sindicato. La izquierda se alimenta del conflicto, pero lo que ha logrado es que sumara más consenso social la idea del presidente Javier Milei de declarar servicio esencial a la educación, para garantizar los días de clases frente al culto sindical a la huelga precipitada que, incluso, les impide trabajar a los docentes que quieren hacerlo.
En paralelo, numerosos educadores han cuestionado al gremio que abusó de los paros en las dos primeras semanas del ciclo lectivo, cuando la mesa salarial aún estaba en marcha. Ahora, luego de haber tensado la cuerda hasta que se cortó, los sindicalistas están en apuros; entre otras cosas, porque se espera que la convocatoria a los paros, que realizarán a lo largo de esta semana, sea menor. Solamente “cobrarán el bono quienes estén en las aulas”, aseguró la ministra de Educación, Soledad Martínez, con el sentido común como irrefutable respaldo.
Tan metida está en sus mezquindades políticas la dirigencia sindical docente que, entre otras cosas, no ha contemplado que los trabajadores del sector privado (a cuyos niños perjudica con los paros) no tienen ni por asumo la posibilidad de acceder a una pauta salarial, que les permita afrontar sin mayores sobresaltos esta etapa inflacionaria del nuevo modelo económico.
