Con la jefa de ese especio político doblemente condenada por su saqueo al Estado, proponen crear un comité de ética, aquí en Neuquén
NEUQUÉN (ED) — Cristina Fernández de Kirchner recibió doble condena por su responsabilidad en la causa conocida como Vialidad, uno de los tantos hechos de corrupción con los que su gobierno perpetró los saqueos sistemáticos a las arcas del Estado. Por estos días se espera el cumplimiento de la condena judicial de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En medio de eso, el bloque de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para crear un comité de ética pública y una dirección provincial anticorrupción en la provincia de Neuquén. No es broma.
Dos de los diputados provinciales que impulsan esta iniciativa tutivieron y tienen relación directa con el kirchnerismo nacional. Uno es Darío Martínez, quien cuando fue legislador impulsó denuncias contra Mauricio Macri (a instancias de su jefa política). Además, fue uno de los principales protagonistas del gobierno de Alberto Fernández, quien lo tuvo como secretario de Energía.
Otra de las diputadas provinciales que firman el proyecto es Lorena Parrilli, hija del senador Oscar Parrilli, quien fue hombre de confianza de Néstor Kirchner, ahora lo es de Cristina y es el referente del Instituto Patria. El tercer integrante del bloque es Peralta.
Con su proyecto, los diputados K neuquinos buscan establecer “un mecanismo de recepción de declaraciones de funcionarios, delimitar incompatibilidades laborales, recibir y tramitar denuncias concernientes a la ética pública y resolver sobre faltas graves que pueden determinar la inhabilitación para ejercer un cargo”. Preocuparse por la ética está muy bien, pero la preocupación debería ser también nacional. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la hipocresía.
“La normativa prevé la no utilización de instalaciones o recursos monetarios del Estado para beneficio particular o de familiares, abstenerse de intervenir en asuntos donde tenga conflictos de intereses, no acumular cargos en la función pública o recibir dádivas o regalos -salvo obsequios de cortesía-, entre otros puntos”, informaron desde la Legislatura sobre el proyecto del trio K.
Postularon, además, que “la dirección provincial anticorrupción tendrá por función recibir y gestionar las declaraciones juradas, impulsar acciones tendientes a prevenir la corrupción y hacer efectivas las responsabilidades por actos contrarios a la ética pública”.