BUENOS AIRES (NA) — El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para la sanción de una ley que regule los contratos de alquiler de vivienda única, que permitirá un ajuste definido por el Banco Central.
El proyecto al que accedió la agencia NA está sobre el escritorio del presidente Mauricio Macri a la espera de su firma, para luego ser llevado al Congreso, donde no sería tratado antes de las elecciones del 27 de octubre.
Fuentes legislativas del oficialismo indicaron que la iniciativa podría ser debatida durante noviembre o directamente ya el año que viene, dado que en ese mismo mes y diciembre se debatirá el Presupuesto 2020.
En noviembre de 2016 un proyecto de ley para regular los alquileres tuvo media sanción en el Senado, pero luego se trabó en la Cámara de Diputados donde no hubo consenso político para avanzar. .
Ese proyecto -muy criticado por las grandes inmobiliarias- ponía límites a las comisiones y a los reajustes que cobran las inmobiliarias en los alquileres, que deberían ser anuales, y extendía a tres años el plazo mínimo de los contratos.
Esa iniciativa había sido redactada por la senadora rionegrina del Frente para la Victoria (FPV) Silvina García Larraburu para regular el mercado de alquileres y fue votado por unanimidad por la Cámara alta.
Ahora, la iniciativa elaborada por la gestión Macri establece que en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales.
Para contratos de menos de 650 Uvas (unos 26.747 pesos a valor de hoy), solo se podrán realizar ajustes utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Respecto de los honorarios, el proyecto dice que “no puede ser a cargo del inquilino el pago de honorarios por la intermediación de un corredor inmobiliario, gastos de publicación, certificación de firmas y cualquier otro en el que incurriere el intermediario a efectos de perfeccionar o renovar un contrato”.
