BUENOS AIRES (NA) — El shock de consumo que el futuro presidente Alberto Fernández pretende instalar desde el minuto uno de su gobierno podría incluir un aumento generalizado de salarios a través de una suma fija no remunerativa, que ya se habría empezado a negociar con las principales cámaras empresariales y la CGT.
Esa suma fija, que algunas fuentes cercanas a economistas del candidato ubican entre los $ 7.000 y los $ 8.000 -a cuenta de futuros aumentos-, le daría a la economía el calor necesario para recuperar la actividad durante el verano, confían en el Frente de Todos.
Será una especie de ´salariazo´, al mejor estilo del que prometió Carlos Menem en la campaña electoral de 1989, aunque en los equipos de Alberto Fernández se cuiden de usar ese latiguillo.
Se complementaría con unos $ 40.000 millones destinados al Plan de Lucha contra el Hambre, y a una suba adicional para jubilados y pensionados, por encima de la que prevé la ley de Movilidad previsional.
La decisión iría de la mano con acuerdos voluntarios entre empresas y gremios para mantener las plantillas de personal por al menos un año, con el fin de frenar el temor a despidos que impera en la actualidad entre los trabajadores.
En paralelo se anunciaría un acuerdo para mantener congelados por 180 días los productos de la canasta básica.
A cambio, la CGT garantizaría “paz social”, que incluiría mantener a raya a algunos sectores piqueteros que adhieren a la política de la “mecha corta” planteada en su momento por el líder de la CTEP, Juan Grabois.
“El paquete económico y social debe atender las necesidades del universo más amplio que se pueda, y si para eso hace falta emitir moneda y dar un rol más protagónico al Estado, no creo que haya problemas”, dijo a la agencia NA un economista que comulga con los equipos técnicos que vienen.
Fernández estudia anunciar las medidas en la primera semana de Gobierno, con el fin de dar una señal clara de que la frase que pronunció ante la jefa del FMI, Kristalina Giorgieva, de que se buscará renegociar la deuda pero sin más ajuste, desempeñará un rol medular en su primera etapa de Gobierno.
El nuevo Gobierno ensayará un pacto social sobre precios, salarios y tarifas, en una suerte de plan de emergencia económico y social que sería aprobado por el Congreso en extraordinarias.
