NEUQUÉN (ED) — Generaron una reunión entre representantes de YPF y la Confederación Mapuche para comenzar a solucionar conflictos relacionados al ingreso sin consulta de la empresa hidrocarburífera al territorio del lof Campo Maripe, donde se ubicó el asentamiento de Vaca Muerta.
La discusión fue definida como “alentadora”, dado que permitió dar comienzo a una nueva etapa de diálogo entre las partes y aplicación del derecho de consulta garantizado desde el 2000 en Argentina por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Jorge Nahuel, miembro de la Confederación Mapuche, afirmó en comunicación con LU5 que esta junta fue posible dado que la empresa cumplió con el requisito de la comunidad originaria de asignar nuevos representantes, dado que la anterior gestión cargaba con un largo recorrido de enfrentamiento y una “vieja política persecutoria que llevaba adelante YPF, de criminalizar, de meter Gendarmería en los territorios”.
Esta primera mesa técnica duró más de cinco horas, dada la complejidad del asunto y la buena voluntad política que debieron demostrar todos los representantes. Nahuel comentó que el derecho de consulta “está totalmente normado, es parte de un marco jurídico vigente. Por lo tanto, si no se aplica es por la total falta de voluntad que ha tenido el gobierno provincial, pero en este caso el compromiso de YPF es trabajar de manera coordinada con la población mapuche para poder implementarlo”.
Además, afirmó que si bien es un logro, la reunión tiene “cierto sabor amargo”, dado que la reglamentación está ratificada en el país desde hace veinte años, durante los cuales “ha sido permanentemente boicoteado en su aplicación, ha sido negado en su aplicación, ha sido demonizado porque busca relacionar el derecho a la consulta a un afán caprichoso de los indígenas de obstruir el desarrollo, de impedir que se implementen los planes que tiene la industria. Y eso es una falacia”.
La solución del conflicto es urgente, dado que en el epicentro de Vaca Muerta hay 10 territorios comunitarios, pero 30 en total. Considerando las inversiones y el desarrollo planificado para este período, sin consulta a los habitantes de las tierras, puede convertirse en un foco permanente de disputa.
