El pasado jueves el Poder Ejecutivo dio a conocer la nueva regulación de la ley 27.350, más conocida como ley de uso medicinal de la planta de cannabis. También en la Legislatura porteña se aprobó el uso y reglamentación del cannabis medicinal. Es indudable que es un avance esperado y peleado hace años por muchas organizaciones a nivel nacional, con movilizaciones en casi todas las provincias del país.
En mi caso, era diputada nacional cuando se debatió la ley 27.350 y vi el esfuerzo de organizaciones como Mamá Cultiva, que venían al Congreso con sus hijos e hijas, junto a tantas otras organizaciones y cultivadores. Se trata de un paso adelante para una parte considerable de la población que utiliza aceites y cremas basadas en el cannabis, que hace décadas luchan por un marco legal que no criminalice ni encarcele a quienes con ese fin plantan en sus casas marihuana o integran redes de cultivo asociado y solidario.
En el debate en la Legislatura señalamos también que en Estados Unidos por la movilización y la presión social se ha legalizado el consumo de marihuana en muchos Estados. Pero hacia afuera demócratas y republicanos, desde Nixon a esta parte, han encontrado en la “guerra contra las drogas” una forma de intervenir países, promover legislaciones represivas, y controlar los aparatos judiciales y de seguridad. ¿Por qué eso no cambia? .
Porque hay negocios y poder. Recordemos aquel asesor de Nixon que dijo que “la estrategia contra las drogas era para contener dos enemigos: la izquierda anti guerra y la gente negra”.
Desde el Frente de Izquierda, con mi compañero Nicolás del Caño venimos presentando en la Cámara de Diputados desde hace años sin lograr que se trate, un proyecto que propone la regulación integral del cannabis para todos sus usos, porque queremos la legalización integral de la marihuana. Esto implicaría por ejemplo que la ANMAT pueda controlar todo lo que se consume incluido el uso adulto o recreativo.
Para nosotros legalizar también implica invertir las prioridades, que el dinero no se destine a perseguir sino a políticas sanitarias para la atención de los consumidores en riesgo. Planteamos el fin de ilegalidad, además, porque es la base de un enorme negocio como el narcotráfico y las cajas negras de las fuerzas de seguridad.
Por eso nuestra exigencia hoy es la amnistía inmediata a todas las personas denunciadas, procesadas o condenadas por consumir o autocultivar individual o colectivamente.
Sabemos también que la lucha de las organizaciones cannábicas y de la población en este tema no se detendrá.
Aún resta conquistar una verdadera ley de regulación del uso integral del cannabis y sus derivados, que existe en otros países pero que en Argentina el régimen político y judicial están lejos de atender. Así como la derogación de la ley 23.737 que criminaliza con durísimas penas a quienes portan marihuana y otras sustancias.
La legalización de la marihuana para uso medicinal pero también para uso recreativo, es una demanda histórica de amplios sectores de la sociedad. Pero sigue imperando la decisión de los sectores de poder más conservadores y reaccionarios, que parecen gozar de llenar las cárceles y comisarías de jóvenes que portan un par de porros mientras los grandes narcotraficantes (verdaderos magnates de la industria ilegal) son amparados por diferentes estamentos del aparato de Estado, que incluso participa de esas ganancias. Seguiremos acompañando cada una de esas peleas.
