Para Argentina comienza un año con muchos desafíos.
El país arrastra tres años de recesión en un contexto donde la pandemia todavía constituye un riesgo evidente para la reactivación de la economía local y global.
Aún está pendiente la renegociación de la deuda con el FMI que, si bien este año no presenta vencimientos abultados, sí lo son para los próximos dos años y condiciona las posibilidades de acceso a los mercados financieros internacionales.
Hay dos variables claves a ser monitoreadas, ya que definen en gran medida muchas de las decisiones del sector privado: la inflación y el tipo de cambio.
A pesar de la importante emisión monetaria ocurrida a lo largo de 2020 para financiar el aumento del gasto público, que se dio fundamentalmente para atender las necesidades de la pandemia, la inflación no sólo no aumentó, sino que bajó un escalón con respecto al año anterior.
Esto se dio por múltiples factores, entre los cuales se puede mencionar: fuerte caída en el nivel de actividad, incremento en la demanda monetaria por motivos precautorios por parte de la población, restricciones implementadas en los mercados cambiarios y el control sobre ciertos precios regulados.
Cuando allá por el tercer trimestre del año anterior, la emisión monetaria amenazó con desbordarse con presiones sobre los mercados cambiarios no oficiales e impactar en la formación de precios vía expectativas, el gobierno respondió con una política de mayor contención del gasto y más regulaciones e intervenciones en estos mercados cambiarios.
Si bien esto aquietó las presiones inflacionarias, hacia fines de año, con un nivel de actividad más normalizado a partir del relajamiento de las restricciones sanitarias, las mismas comenzaron a resurgir.
En estos primeros meses la apuesta parecería ser la de mantener un cierto control sobre la evolución del gasto público, continuar achicando la brecha a partir de deslizar del tipo de cambio oficial conforme a la inflación y mantener las cotizaciones en los mercados no oficiales y el control de precios mediante políticas no ortodoxas de intervención en determinados mercados y de contención de los precios regulados.
Aún cuando a costa de continuar distorsionando los precios relativos y acumulando tensiones inflacionarias, existen un conjunto de condiciones que podrían hacer posible esta estrategia de contención cambiaria y de precios a lo largo de estos primeros meses del año.
Sobre todo considerando que, históricamente, el tipo de cambio se ha tendido a apreciar en años eleccionarios (nótese que si bien el tipo de cambio oficial se ha venido deslizando con la inflación y, por lo tanto no se ha apreciado, la pregunta fundamental a responder es si se lograrán mantener las condiciones para que no se produzca un desborde cambiario en los mercados no oficiales que incida sobre las expectativas de inflación).
Y es en este punto donde se produce una situación que, si bien es positiva, puede ser un elemento de inestabilidad en este panorama.
Aun cuando el escenario internacional de precios de commodities al alza es una oportunidad para la economía argentina, en la medida en que esa suba sea percibida como temporaria por los exportadores, podría aumentar la posibilidad de que intenten convertir sus stocks de activos “dolarizables” en divisas.
Generarían una oferta de esta divisa que pondría a la política monetaria en el dilema de permitir que el tipo de cambio se aprecie, con las consecuencias que ellos tendría sobre el equilibrio comercial.
Por ejemplo relajar las restricciones sobre las operaciones de comercio exterior para aumentar de manera equivalente la demanda de dólares, pero a costa de no poder reconstruir reservas del BCRA; mantener el tipo de cambio incrementando la emisión de pesos y las consecuentes presiones inflacionarias y cambiarias.
O aumentar la tasa de interés, con efectos sobre la actividad o generar demanda desde el sector público dolarizando un mayor ahorro fiscal.
En cualquier caso, una tarea de sintonía fina de alta complejidad.
