NEUQUÉN (ED) — La titular del PAMI, Luana Volnovich, recibió en Buenos Aires a una delegación encabezada por la presidenta de la cooperativa ADOS, Patricia Obreque, quien fue acompañada por legisladores nacionales y provinciales. Tras el encuentro se anunció que firmarán convenios de trabajo e iniciarán acciones para evitar el remate del inmueble en el que funciona este policlínico, ubicado en el sector céntrico de la ciudad de Neuquén.
Se indicó el riesgo de remate es consecuencia de una deuda que se mantiene desde la quiebra de la ex clínica, con los síndicos y abogados. No es la primera crisis financiera por la que transita este centro de salud. Ahora, Volnovich comprometió el apoyo de la obra social de los jubilados porque, según dijo, “la clínica ADOS es una de las principales prestadoras de PAMI en Neuquén atendiendo a casi 30.000 personas todos los meses”.
En tal sentido, firmará convenios de cooperación mutua para brindar sustentabilidad, seguridad financiera y garantías de continuidad en el trabajo con la clínica, a fin de evitar el inminente remate previsto, según dijeron, para los primeros días de noviembre.
Según Obreque la deuda con los síndicos es de alrededor de 600 mil dólares, mientras que la base de oferta del remate del inmueble asciende a los 11 millones de la misma moneda. “Es desproporcionado y revela que el verdadero interés no es pagarle a los síndicos, sino favorecer algún tipo de negocio inmobiliario con una de las manzanas más caras y tradicionales de la capital neuquina, aunque para eso se deje sin atención ni cobertura a los más de 50 mil jubilados a los que llega ADOS”, indicó el diputado nacional Carlos “Beto” Vivero, que integró la comitiva que visitó a Volnovich.
Además del convenio, Volvnovich se solidarizó con los trabajadores y los integrantes de la cooperativa, a quienes alentó a defender la continuidad del servicio, que consideró “imprescindible”.
Por su parte, la diputada provincial Lorena Parrilli aseguró que “la jueza de la quiebra debe cumplir con la ley vigente que impide acciones legales contra los prestadores de salud, en el marco de la pandemia por el Covid 19, sancionada por la Legislatura provincial el año pasado. Esa ley tiene vigencia hasta el próximo mes de marzo de 2022 y su trabajo fue el fruto del acuerdo entre los principales bloques del oficialismo y de la oposición, en un consenso mayoritario que expresó la voluntad de sostener la salud de la población antes que cualquier otro interés”.
La delegada del ministerio de Trabajo de la Nación, Asunción Miras Trabalón, que también participó del encuentro, comprometió el acompañamiento de su área para sostener las fuentes de trabajo y garantizar la continuidad del servicio.
