La nena de Plottier fue arrollada por el neumático delantero del patrullero, lo que le provocó lesiones gravísimas.
NEUQUÉN (ED) — El fiscal del caso Andrés Azar formuló cargos contra Camila Rocío Esperanza, agente de la Policía que conducía el patrullero que atropelló a Catalina Galcerán, la nena de Plottier que permanece internada en estado crítico desde noviembre pasado.
Fue embestida mientras circulaba en bicicleta en el barrio Los Álamos. El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2025, cerca de las 19, en una zona residencial es común que los chicos jueguen en la calle.
Según la acusación, la imputada manejaba una camioneta policial Volkswagen Amarok a 72 kilómetros por hora por la calle Reconquista, sin activar sirena ni balizas, cuando al llegar a la intersección con Güemes impactó de lleno contra la menor, que se desplazaba en bicicleta, junto a una amiga.
El choque se produjo entre el frente derecho del móvil policial y el lateral izquierdo de la bicicleta.
Tras el impacto, Catalina fue arrollada por el neumático delantero del patrullero, lo que le provocó lesiones gravísimas. De acuerdo con el parte médico, sufrió traumatismo de cráneo con fractura frontal y hundimiento óseo, lesión axonal difusa grado 3, fracturas cervicales con subluxación, trauma de tórax con neumotórax, además de múltiples fracturas en brazos y tobillo.
Actualmente, la nena permanece internada en la clínica Fleni, en estado de inconsciencia y con un cuadro de déficit neuronal severo. Requiere asistencia respiratoria mediante traqueostomía y alimentación por gastrostomía, con atención médica permanente para sostener sus funciones vitales.
La investigación determinó que la conductora infringió varios artículos de la Ley Nacional de Tránsito. Entre ellos, el deber de mantener el control total del vehículo en una zona urbana, circular a una velocidad tres veces superior a la permitida y no utilizar señales lumínicas, ni sonoras.
Un dato clave del expediente es que la comisaría donde prestaba servicio la imputada se encuentra a apenas 700 metros del lugar del accidente, lo que refuerza la acusación de que no se justificaba la velocidad a la que circulaba.
La querella está a cargo de los abogados Joaquín Andrés Imaz y Gabriel Contrera, del estudio Imaz & Asociados, quienes sostienen que el hecho se produjo por una conducción imprudente y negligente en un barrio donde el riesgo para peatones y niños es alto.
