Investigan al intendente Luis Bertolini por un escándalo de supuestos negociados y contrataciones.
PLOTTIER (ED) — La causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión del intendente Luis Bertolini (que nunca fue noticias por obras), escaló esta semana a un nuevo nivel de tensión política y judicial. Esta mañana se realizó un nuevo allanamiento después del que el mandatario intentara con una conferencia poco feliz para intentar bajar la espuma.
La fiscalía volvió a allanar dependencias del municipio con el objetivo de secuestrar expedientes administrativos y el manual de contrataciones, siguiendo con una investigación por defraudación agravada, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario.
La causa ya había empezado a mediados de enero, cuando una denuncia puso la lupa sobre un decreto que dejó exentos del pago de tasas municipales a un grupo selecto de vecinos del barrio privado Los Canales y un presunto sistema de contrataciones directas con sobreprecios y proveedores irregulares.
Bertolini y su equipo jurídico optaron por ir al ataque y presentaron un pedido para recusar al fiscal jefe Pablo Vignaroli, al acusarlo de perder objetividad y de “filtrar información para generar una condena social anticipada”.
Por su parte el fiscal rechazó el intento de apartarse del caso, defendió su accionar y sostuvo que está cumpliendo con “el deber de informar” en un expediente de fuerte interés público.
La pelota ahora queda en manos del fiscal general de Neuquén, José Gerez, quien deberá decidir si avala o frena la recusación.
Qué está investigando la Justicia
Un decreto polémico: un beneficio fiscal otorgado por Bertolini que podría haber excedido sus facultades, ya que, según fiscales, la exención de tasas debería aprobarla el Concejo Deliberante.
Contrataciones directas relacionadas a adquisición de bienes y servicios con valores muy por encima de los precios de mercado, a través de empresas sin habilitación formal vinculadas a funcionarios y allegados.
Incluso en una de las maniobras bajo la lupa, el municipio terminó pagando más del triple por aires acondicionados en comparación con el presupuesto oficial estimado, lo que para la Fiscalía es un indicio de sobreprecios graves.
