Quintriqueo solicitó la declaración de inconstitucionalidad de casi todos los artículos de la norma
NEUQUÉN (ED). — La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén presentó este lunes una acción de amparo ante el Juzgado Federal de esa provincia contra el Estado Nacional, en reclamo de la impugnación total de la “Ley de Modernización Laboral”.
La demanda fue firmada por Carlos Quintriqueo en su carácter de secretario general solicitó la declaración de inconstitucionalidad de casi todos los artículos de la norma, así como una medida cautelar que suspenda de inmediato su vigencia y efectos.
Los accionantes advierten que la ley representa un “retroceso histórico” en materia de derechos laborales y sindicales, vulnerando principios fundamentales de la Constitución Nacional y tratados internacionales.
El nuevo amparo se diferencia del que presentó la semana pasada la CGT en que este reclamó suspender únicamente la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley, que son los que aprueban la transferencia de la Justicia laboral del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El escrito de ATE y la CTA-T de Neuquén sostiene que la Ley N° 27.802 reproduce en gran medida el contenido del Título IV del DNU 70/2023, el cual ya fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Entre los argumentos destacaron que existe una “violación del principio de progresividad y no regresividad” porque la norma “elimina derechos consolidados sin justificación, desmantelando décadas de protección jurídica”.
También alude a la “afectación de la libertad sindical y el derecho de huelga” debido a que se cuestiona la nueva regulación de los servicios esenciales (artículos 101 y 102), “que amplía de manera ilegítima el listado de actividades -incluyendo banca, comercio electrónico e industria alimenticia- y fija porcentajes mínimos de prestación (75% en esenciales y 50% en trascendentes) que, según la demanda, vacían de contenido el derecho de huelga.
Además considera que implica un “ataque a la negociación colectiva”, ya que se impugnan los artículos 130 a 137 por “fragmentar el sistema de negociación”, dando prioridad a los convenios por empresa sobre los de actividad, poniendo fin de la ultraactividad plena de los convenios y “dejando a los trabajadores sin protección si no se firma uno nuevo”.
