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martes, abril 7, 2026
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Pidieron el juicio político de Bertolini: “No quiero pagarle el sueldo”




Denunciaron irregularidades y apuntan al escándalo de las fotomultas. Advierten sobre el riesgo de pérdida de pruebas y daño al patrimonio municipal. 

PLOTTIER (ED) — Este martes ingresó al Concejo Deliberante un pedido de juicio político contra el intendente de Plottier Luis Bertolini. La presentación fue realizada por la abogada Liliana Verónica Peral, quien además solicitó la suspensión preventiva del jefe comunal ante lo que considera un escenario de gravedad institucional.

“No quiero pagarle el sueldo. No quiero ni a él ni a la gente que está con él”, lanzó la abogada.

El pedido será tratado este jueves en el recinto y, según se anticipó, será girado a la Comisión de Gobierno y Desarrollo Social. Sin embargo, el proceso arranca con una dificultad dado que el cuerpo aún no tiene conformadas las salas acusadora y juzgadora, órganos indispensables para avanzar con un juicio político.

En su presentación, Peral planteó causales de mal desempeño, incumplimiento de deberes de funcionario público y la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, en línea con lo previsto en la Carta Orgánica Municipal.

El escrito se enfoca al polémico sistema de fotomultas, que generó un fuerte malestar social en las últimas semanas, pero además incorpora otras investigaciones en curso. 

“No es un ataque personal, pero la violación sistemática de la Carta Orgánica tiene que tener un límite”, sostuvo, quien aseguró que su planteo es “técnico” y no político.

Según datos mencionados en la denuncia, se detectaron unas 11.000 infracciones hasta febrero, lo que podría escalar a cifras aún mayores en los próximos meses. “A este paso, van a tener sancionado todo el parque automotor de Plottier”, advirtió.

Uno de los puntos más sensibles del planteo es el pedido de suspensión preventiva del intendente, fundamentado en el riesgo de entorpecimiento de las investigaciones.

Peral argumentó que existe “riesgo de destrucción de pruebas”, posibles “amenazas a empleados” y un eventual perjuicio económico al municipio. “No sabemos a quién va la plata, no sabemos de dónde nos cobran”, cuestionó.

 “Plottier lleva 10 allanamientos. No hay comunidad que resista”, lamentó.

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