El hermano de la vicegobernadora destituida Gloria Ruiz admitió haber usado fondos públicos. No va a prisión pero complica el frente judicial de su hermana.
NEUQUÉN (ED) — La frase dice que “Pablito clavó un clavito”. En la política neuquina, la historia terminó siendo bastante más cara.
Este viernes, Pablo Ruiz (el hermano de la vicegobernadora destituida Gloria Ruiz) reconoció ante la Justicia que cometió delitos contra la administración pública mientras se desempeñaba como coordinador de la Casa de las Leyes. Eso le permitió acceder a un juicio abreviado y aceptó haber utilizado dinero de los neuquinos para beneficio propio.
El juez Lucas Yancarelli homologó el acuerdo alcanzado con la fiscalía y lo condenó a tres años de prisión en suspenso, trabajo comunitario e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. En criollo no irá preso pero es un condenado.
La investigación determinó que Ruiz recibió fondos públicos destinados a programas y actividades de la Casa de las Leyes y los depositó en cuentas personales. Con ese dinero armó un “mini banco privado”, colocó más de 52 millones de pesos en plazos fijos y obtuvo intereses mientras los recursos seguían perteneciendo al Estado.
Ruiz admitió el delito de peculado, que castiga justamente el uso de bienes públicos para fines particulares. Sorprende que el propio sistema bancario había advertido sobre las irregularidades. Sin embargo, el mecanismo continuó durante meses.
Al final del camino, la Justicia logró recuperar los fondos. Entre capital e intereses, hoy hay más de 57 millones de pesos que volverán al Estado provincial.
La segunda parte de la condena apunta a contrataciones de publicidad por más de 45 millones de pesos. Según la acusación, se hicieron sin respetar los procedimientos legales, sin competencia real entre proveedores y, en algunos casos, con órdenes de compra emitidas después de que los trabajos ya estaban realizados. Algo así como que se elegía quién cobraba y después se armaba el papeleta para justificarlo.
Por esa maniobra Ruiz admitió el delito de administración fraudulenta agravada.
La fiscalía remarcó que la confesión fortalece las causas que siguen abiertas contra Gloria Ruiz y otras exfuncionarias de la Legislatura involucradas en el manejo administrativo durante aquella gestión.
Hasta ahora, las acusaciones se apoyaban en auditorías, movimientos bancarios, pericias informáticas y documentación contable. Desde este viernes uno de los protagonistas admitió que los hechos ocurrieron. Y resta evaluar quién autorizó, quién controló, quién miró para otro lado mientras los números se engordaban.
