
Con un amplio respaldo, la Legislatura aprobó una norma que pone freno a los loteos y urbanizaciones incompatibles con las zonas agrícolas bajo riego. La iniciativa también protege los canales.
NEUQUÉN (ED) — La Legislatura neuquina aprobó la nueva Ley de Protección de Tierras Productivas, una iniciativa que le puso límites al avance de las urbanizaciones, los emprendimientos industriales y otros usos sobre las chacras bajo riego.
El proyecto del gobernador Figueroa consiguió un respaldo contundente, con 26 votos afirmativos y dos negativos. La aprobación se produjo después de incorporar modificaciones propuestas por distintos bloques y con la presencia de representantes de las cámaras agrícolas y del presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández.

L protección de las tierras irrigadas buscará evitar que el boom económico de la actividad hidrocarburífera también termine achicando la superficie disponible para producir alimentos.
El problema no es nuevo, las chacras vienen perdiendo terreno frente a los loteos, las subdivisiones y la instalación de actividades vinculadas a los servicios petroleros. Lo que durante décadas fue una zona de producción empieza a convertirse, en muchos sectores del Alto Valle, en una oportunidad inmobiliaria.
Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es que establece áreas productivas bajo riego protegidas, donde deberá conservarse la función agropecuaria, la continuidad del suelo agrícola y el funcionamiento de los sistemas de riego y drenaje. Además, los propietarios podrán vender su tierra, pero eso no significa que automáticamente pueda cambiarle el destino y convertirla en un loteo residencial.
La norma establece restricciones para nuevos fraccionamientos, barrios privados, clubes de campo y desarrollos inmobiliarios incompatibles con la actividad productiva. También contempla áreas de reserva para la expansión agrícola, donde podrán mantenerse determinados usos preexistentes bajo condiciones específicas.
Se incorporó un régimen transitorio para determinados proyectos urbanísticos y subdivisiones con trámites iniciados, así como para tierras adquiridas con esos fines hasta 24 meses antes de la publicación de la norma.
El diputado Francisco Lepore defendió la necesidad de pensar el desarrollo provincial con una perspectiva de largo plazo. “Estamos dando los pasos necesarios para discutir el desarrollo de la provincia para los próximos 20 ó 30 años. Necesitamos una provincia conectada y productiva que nos permita consolidar una matriz más allá del petróleo”, afirmó.
La protección no se limita a impedir que desaparezcan las chacras, sino también resguarda la infraestructura hídrica que permite sostener la producción. Canales, acequias, compuertas, sifones y sistemas de drenaje quedan sujetos a un régimen de protección que impide alterar su trazado, capacidad o funcionamiento sin autorización de la autoridad provincial competente.
Durante el debate, Lepore cuestionó las intervenciones que “destruyen canales o tapan drenajes”, una situación que se observa actualmente en algunas zonas de la provincia.
La legislación incorpora además un esquema de sanciones para quienes incumplan las restricciones y contempla mecanismos para exigir la recomposición de los daños.
Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Unión por la Patria, Avanzar y otros bloques acompañaron la iniciativa, aunque el debate dejó expuestas diferencias sobre los alcances de la intervención provincial y los derechos de los propietarios.
Marcelo Bermúdez, del PRO-NCN, respaldó el objetivo de proteger las tierras productivas, pero planteó reparos sobre la seguridad jurídica de quienes compraron terrenos con fines inmobiliarios y contaban con autorizaciones municipales anteriores.
Desde Cumplir, Brenda Buchiniz valoró los cambios incorporados durante el tratamiento y destacó que el texto final contempla herramientas de fomento productivo, reconoce las autonomías municipales e incorpora un canon por el uso del agua.


