BUENOS AIRES (NA) – La Cámara Federal de Casación Penal dejó hoy firme el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa por el manejo irregular de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el programa “Sueños Compartidos”.
Fuentes judiciales informaron que la sala IV del Tribunal rechazó un recurso de De Vido y de esta forma confirmó su procesamiento en la causa que también son investigados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, así como otros exfuncionarios, como el ex secretario de Obras Públicas José López.
Al exministro, que se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz, se lo acusa por “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública” y, a partir de este fallo, podría ser enviado a juicio oral y público.
Los jueces de Casación Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani rechazaron el recurso de su defensa por “indamisible”, por considerar que no se trata de una sentencia definitiva “ni equiparable a tal”.
Según indicaron los jueces, la defensa de De Vido no logró “demostrar la existencia de un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior”.
En primera instancia, De Vido había sido beneficiado con la falta de mérito por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, aunque luego ese fallo fue revocado por la Cámara Federal, que lo procesó junto al resto de los acusados, entre ellos la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
En concreto, lo que se investiga es el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, “para lo que contaron con la colaboración de otros empleados infieles de la Fundación, así como también con terceras personas y empresas”, se indicó.
El dinero que pactó el Estado era para la construcción de viviendas en la localidad de Tigre, en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones, y por un total de 748.719.414 de pesos.
“Se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal válida”, indicó el fallo sobre la Fundación y agregó que -del dinero otorgado por la Secretaría de Obras Públicas- “sólo la suma de 516.247.173 pesos pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras”.
Se investiga entonces un faltante de 206.438.454 pesos que “fueron desviados de su fin específico”, entre ellas a financieras, mientras que también se acreditaron extracciones en efectivo realizadas por Sergio Schoklender y emisión de cheques que “lo tenían como beneficiario”.
En su fallo, además, la Sala IV también resolvió declarar “inadmisible” el pedido de recusación de Bonafini contra Martín Irurzun, uno de los jueces de cámara intervinientes.
