Desde SIGUNE defendieron el trabajo del sindicato durante los últimos 25 años. Aseguraron que no rechazan la reforma pero advirtieron que no resignarán derechos ni seguridad.
NEUQUÉN (ED) — El Sindicato de Guardavidas del Neuquén (SIGUNE), a través de su referente Ariel Tarifeño, respondió públicamente a los cuestionamientos de la legisladora Brenda Buchiniz mientras continúa el debate por por la modificación de la Ley 2941/14.
“No rechazamos la reforma; pedimos que no se reduzcan derechos ni estándares de seguridad”, sostuvo.
El sindicato adelantó la implementación de una temporada mínima de 150 días, pero reclamó que la nueva legislación conserve como piso las condiciones que ya establece la normativa vigente.
“No corresponde afirmar que SIGUNE ‘aparece ahora’ ni que nuestra posición responde a la defensa de privilegios”, remarcó.
Desde el gremio aseguraron que su trabajo en la actividad comenzó mucho antes de la actual discusión legislativa y que desde 2001 viene participando en tareas de capacitación, reválidas y fiscalización.
Según señalaron, realizaron reválidas en Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Plottier, además de tareas de fiscalización en Neuquén capital.
También afirmaron que desde 2014 presentaron propuestas de reglamentación de la Ley 2941 y solicitaron la intervención de organismos provinciales.
Por otra parte, Tarifeño recordo que este año solicitaron la intervención de Defensa Civil Provincial en el Lago Mari Menuco para fiscalizar el cumplimiento de la Ley 2941, pero que hasta el momento ese control no se concretó.
SIGUNE planteó que la nueva ley debe conservar como piso los derechos establecidos por la legislación vigente, especialmente en materia de formación y carga horaria.
Al mismo tiempo, acompañaron la incorporación de distintos puntos contemplados en la Ley Nacional 27.155, como la jornada máxima de seis horas, el reconocimiento de la actividad como de alto riesgo, la antigüedad de una temporada equivalente a un año y la continuidad laboral. A eso sumaron una dotación mínima adecuada por puesto, fiscalización de las instituciones formadoras y protección de los derechos adquiridos.
También solicitaron que la futura norma sea de orden público y tenga aplicación obligatoria en toda la provincia, algo que ya había hecho ruido en las localidades más pequeñas donde no había mucha entrada de presupuesto.
“Por este proyecto no fuimos ni consultados, ni notificados”, reclamó Tarifeño y advirtió que al enterarse de la existencia de un borrador, presentó rápidamente sus observaciones y pidió participar.
“La Ley 2941 necesita mejoras, reglamentación y control efectivo. Pero no debe significar empezar nuevamente ni retroceder”, concluyó Tarifeño.
