La diputada de Cumplir presentó un proyecto para transparentar balances, contratos y subsidios. En el revoleo la ligó CALF.
NEUQUÉN (ED) — La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), presentó un proyecto de ley para poner bajo la lupa las cuentas, contrataciones y mecanismos de elección de autoridades de las cooperativas públicas neuquinas.
“Muchos de los servicios esenciales en la provincia de Neuquén son prestados por cooperativas que deben elegir sus autoridades y tomar decisiones de forma democrática, pero esto no viene ocurriendo”, planteó la legisladora. Y fue más allá: sostuvo que algunas entidades, “han sido cooptadas por el poder de turno que las usa como una caja política”.
La legisladora reclamó que hay organizaciones que prestan servicios indispensables, administran recursos millonarios y tienen una estructura institucional propia, pero cuya conducción, no siempre está expuesta a una competencia electoral real.
“La hegemonía en la conducción de CALF se logró a partir de la reforma del estatuto cooperativo, que fue diseñado con el objetivo de impedir la presentación de listas opositoras”, recordó Buchiniz.
También apuntó contra los costos de los trámites y la documentación exigida para oficializar las candidaturas. Según sostuvo, algunos sectores opositores no consiguen reunir los requisitos porque los procedimientos son excesivamente onerosos y la propia cooperativa no les entrega los certificados de libre deuda que necesitan para competir.
La propuesta establece la obligación de publicar balances, estados contables, auditorías, actas de asambleas, nóminas de autoridades, convenios con organismos públicos, subsidios y contrataciones. Todo deberá estar disponible en formato digital, con acceso sencillo y posibilidad de descarga.
Además, los asociados tendrán derecho a solicitar información y recibir una respuesta en un plazo de 15 días hábiles, con una única prórroga debidamente justificada.
El foco también estará puesto en los contratos. Buchiniz propone crear un Registro Digital de Proveedores para conocer qué empresas son contratadas, cuánto cobran, cómo fueron seleccionadas y cuáles son los plazos de ejecución de las obras o servicios.
El proyecto va más allá y busca establecer reglas para que las listas opositoras puedan competir sin barreras económicas o administrativas desproporcionadas. También prohíbe utilizar dinero, bienes, personal o medios de comunicación institucionales para favorecer a determinados candidatos o perjudicar a sus adversarios.
La iniciativa incorpora mecanismos para prevenir conflictos de intereses y obliga a las autoridades a informar situaciones personales, familiares, comerciales o patrimoniales que puedan comprometer la imparcialidad de sus decisiones.
“La autonomía no puede confundirse con falta de controles ni la administración de un servicio público con un cheque en blanco”, remarcó la diputada y completó: “queremos cooperativas fuertes, pero también transparentes y abiertas a sus socios”.
