Se presentaron papeles truchos para que le reconecten la luz. Peligra “la bailanta familiar” y no se descartan sanciones penales.
SENILLOSA (ED) — El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) rechazó el pedido de colocación de medidor de luz tras detectar que la documentación presentada por las autoridades del Club Social, Cultural y Deportivo Ex Obreros del Chocón no coincidía con los registros oficiales.
Lo que comenzó como un fuerte reclamo (y hasta con intencionalidad política) por la colocación de un medidor de energía terminó destapando una situación mucho más grave. La comisión directiva (con mandato vencido desde 2024) tiene balances pendientes y ahora quedó bajo la lupa de Personas Jurídicas por una presunta adulteración de un documento público.
La representación legal de la institución no coincidía con la obrante en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la provincia y podría impulsar acciones administrativas y penales.
El caso tiene como protagonista a quien hasta 2024 fue la presidenta del club, Fernanda Mendoza. Esta semana exigió la instalación de un nuevo medidor argumentando que el predio ya tenía actividades programadas para alquileres privados. EL 8 de agosto se anunció una bailanta campera pero las inconsistencias terminarían derrumbando la presentación.
¿De club histórico a negocio?
Durante mucho tiempo la municipalidad de Senillosa utilizó el predio para actividades deportivas, culturales y recreativas durante la semana y, a cambio, afrontaba distintos gastos de funcionamiento y mantenimiento, entre ellos el consumo eléctrico, además de tareas de limpieza y reparaciones menores en el club. Durante los findes de semana durante el lugar funciona una suerte de bailanta oficial del pueblo, donde la recaudación es totalmente privada.
Al finalizar el convenio, la gestión municipal solicitó retirar el medidor que estaba a nombre del municipio. A partir de allí comenzó una disputa. Desde la comisión directiva se intentó responsabilizar al municipio y al EPEN por impedir el desarrollo de los emprendedores, que alquilan también el lugar dos veces por mes.
Los documentos oficiales de Personería Jurídica incorporados al expediente muestran que la última comisión reconocida legalmente fue designada en agosto de 2022 con mandatos de dos años, por lo que vencían el 19 de agosto de 2024. Sin embargo, en la copia presentada ante el EPEN aparecieron modificaciones sustanciales.
Entre ellas se extendieron los mandatos de la comisión de 2 a 4 años; se modificó la fecha de finalización de los cargos hasta agosto de 2026; se consignó que la institución tenía el ejercicio económico “regular”; y se omitió que la comisión ya se encontraba vencida y sin renovación de autoridades.
Las diferencias quedaron expuestas al ser cotejadas con la versión oficial almacenada en la plataforma GDE de la Provincia.
Fuentes consultadas indicaron además que la institución mantiene balances sin presentar y que la renovación de autoridades nunca fue formalizada ante Personería Jurídica.
Otro dato que agrava el escenario es la deuda acumulada por el suministro eléctrico. Según pudo saber este medio, el municipio sostuvo el servicio hasta mayo o junio de este año intentando dar tiempo para regularizar la situación institucional. La deuda rondaría actualmente los 10 millones de pesos.
Un gigante alquilado
El Club Ex Obreros del Chocón nació con un fuerte perfil social, deportivo y cultural vinculado a la historia de la construcción de El Chocón. Sin embargo, hace tiempo el predio funciona principalmente como espacio para bailantas y alquileres particulares.
Ese manejo también genera interrogantes sobre el destino de los ingresos que genera y que además naufragan en una gestión personalista, donde no abundan las rendiciones ante una comisión directiva cuya legitimidad quedó seriamente cuestionada.
El caso podría derivar en una investigación por la presunta adulteración de documentación pública, luego de que el propio EPEN dejara asentado en una resolución oficial que la presentación realizada no coincide con los registros auténticos del Estado provincial.
¿Qué delito podría configurarse?
Si la Justicia comprobara que se presentó deliberadamente un documento oficial alterado para acreditar una representación inexistente ante un organismo público, la conducta podría encuadrarse en el delito de falsificación o adulteración de instrumento público, previsto en el artículo 292 del Código Penal, que castiga a quien “hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio”.
La pena prevista es de uno a seis años de prisión. Asimismo, el artículo 296 establece que quien utiliza o hace uso de un documento falso o adulterado recibe la misma pena que el autor de la falsificación.
