BUENOS AIRES (NA) — El Gobierno presentó en el Congreso Nacional el proyecto de ley de reforma del Código Penal que busca lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal en un único cuerpo legal.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, que recibió de la Comisión el texto, afirmó: “Después de casi 100 años y de las 17 comisiones anteriores, este es el primer proyecto integral de reforma del Código Penal que un Poder Ejecutivo remite al Congreso desde 1921”.
“El Código Penal, sancionado en 1921, fue modificado por más de 900 leyes sin tener en cuenta la sistematicidad de la totalidad de los institutos, de las reglas generales y de los delitos contemplados, al tiempo que también ha ido incorporando todas las leyes penales especiales”, precisaron fuentes oficiales.
En marzo de 2017, por medio de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, se creó una Comisión Redactora conformada por juristas, magistrados, abogados y representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Desarrollo Social, para elaborar un cuerpo normativo moderno que asegure la igualdad de los todos los habitantes.
“En la elaboración del proyecto, la Comisión tomó en consideración los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y los avances en materia de integración regional del país, a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada”, detalló el Gobierno.
Además, prosiguió: “En el mismo sentido, se adecuó la normativa penal nacional a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción”.
El texto endurece las penas contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y su financiación; incluye los delitos de lesa humanidad; tipifica nuevas conductas en el marco de los siniestros viales e incorpora la responsabilidad de la persona jurídica.
Asimismo, tiene perspectiva de género, da participación a las víctimas de los delitos y amplía sus derechos.
También protege el ambiente y agrega los delitos genéticos y cibernéticos, entre otras destacadas reformas.
Además, fija criterios claros para la determinación de la pena y achica el margen de discrecionalidad de los jueces, especialmente en los casos violencia contra las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
