Los nuevos jueces pagarán ganancias




BUENOS AIRES (NA) — Tras varias semanas de negociación, el Gobierno logró hoy un acuerdo con los distintos órganos judiciales para avanzar en la reglamentación de la ley que obliga a pagar impuesto a las ganancias a los jueces nombrados a partir de 2017.

Luego de que la Corte Suprema revocara a finales de noviembre una medida cautelar que impedía la aplicación del tributo a jueces, fiscales e integrantes del Poder Judicial asumidos después del 1° de enero del año pasado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, debió iniciar una serie de reuniones y tratativas para que aceptaran la propuesta oficial.

El acuerdo fue rubricado por el Gobierno junto a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados.

De esta manera, el impuesto a las ganancias tomará como base imponible la diferencia entre el salario percibido a partir de su ascenso como juez o ingreso al Poder Judicial después de 2017 y el sueldo del puesto anterior.

La aplicación gradual de esta fórmula se extenderá por alrededor de cinco años.

Según estimaciones oficiales, más de 100 nuevos magistrados comenzarán a tributar ese impuesto con la aplicación de la ley impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Congreso.

“Se ha dado un paso histórico, mediante el dialogo, en un acuerdo que logra el pago del impuesto a las ganancias de los nuevos jueces, fiscales y defensores, y el cumplimiento de la ley”, sostuvo Garavano en declaraciones publicadas en La Nación.

El 27 de noviembre pasado el máximo tribunal había revocado una medida cautelar otorgada a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que impedía la plena vigencia la ley 27.346, sancionada en 2016 y que establece que los nuevos funcionarios judiciales ingresados a partir del 1° de enero de 2017 deben tributar, en tanto que los anteriores a esa fecha seguirán excluidos.

Sin embargo, el Gobierno intentará acercar posiciones con el PJ en el Congreso para sancionar una norma que haga que todos los integrantes del Poder Judiciales paguen ese impuesto.

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